En un reciente operativo policial, la Policía Nacional en el departamento del Meta logro la desarticulación de un grupo delincuencial dedicado al microtráfico, acción llevada a cabo mediante una operación denominada ‘Los Costureros’.
Este grupo, que operaba en la clandestinidad, fue blanco de una ofensiva por parte de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), respaldada por unidades de Inteligencia Policial, en una serie de allanamientos que resultaron en ocho detenciones y la incautación de elementos probatorios.La operación ‘Los Costureros’ fue el resultado de un trabajo de investigación criminal e inteligencia, llevado a cabo en colaboración con la Fiscalía No. 06 Especializada de Villavicencio.
Este trabajo conjunto permitió consolidar material probatorio y evidencia física, lo que llevó al Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos de Guaroa, Meta, a emitir órdenes de captura por delitos asociados con el microtráfico, tales como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y utilización de redes ilícitas de comunicaciones.
La operación se ejecutó una vez localizados y ubicados los ciudadanos investigados. Los allanamientos se llevaron a cabo en cuatro inmuebles en el municipio de San Carlos de Guaroa y tres en la ciudad de Villavicencio.
Como resultado de estas acciones, la SIJIN logró la captura de ocho individuos conocidos en el mundo delictivo como ‘Gato’, ‘Felipe’, ‘Santiago’, ‘Coco’, ‘Gordo o Yerson’, ‘La Costurera o Vanessa’, ‘Peña’ y ‘Rolo’, este último cumpliendo una condena con detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes.
Durante el allanamiento y registro de los inmuebles, se incautaron diversos elementos relacionados con las actividades delictivas del grupo, incluyendo 2.000 gramos de marihuana, 31 dosis con base de coca, 28 dosis de cocaína, 100 bolsas para dosificación, 2 grameras digitales, 2 trilladoras, 2 máquinas para envolver cigarrillos artesanales y 2 equipos móviles celulares.
Las ocho personas capturadas, con edades comprendidas entre los 18 y 57 años, junto con los elementos incautados, fueron presentadas y dejadas a disposición de la autoridad judicial solicitante. Un Juez de la República será el encargado de definir su situación jurídica y penal frente a las conductas punibles que se les imputan.