Una investigación de alto impacto liderada por la Fiscalía General de la Nación permitió la desarticulación de una estructura criminal que venía operando de forma encubierta desde tres estaciones de servicio, desviando combustible para abastecer al Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Jaime Martínez, una de las disidencias más activas de las Farc en el suroccidente colombiano.
Según las autoridades, la red operaba desde puntos estratégicos ubicados en Cali, Popayán y Morales (Cauca), utilizando estas estaciones de servicio como fachada para adquirir, almacenar y movilizar grandes cantidades de gasolina y ACPM. El destino final del combustible eran zonas rurales bajo influencia del grupo armado, donde el recurso era utilizado tanto para fines logísticos como para el financiamiento de actividades ilícitas.
Durante operativos de registro y allanamiento ejecutados por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con el Ejército Nacional, fueron capturadas tres personas señaladas de ser los principales articuladores financieros y logísticos del entramado criminal. Se trata de Dairo Segura Díaz, Faber Gabriel Noguera Castillo y Cris Johanna Madroñero Guzmán.
En los procedimientos, que se llevaron a cabo en simultáneo en distintas zonas del Valle y el Cauca, fueron incautados elementos clave para el avance del proceso judicial. Entre estos se encuentran 150 millones de pesos en efectivo, un camión cisterna, varios vehículos particulares, armas de fuego, computadores portátiles y dispositivos de comunicación que serían fundamentales para rastrear la operación y sus nexos con otras estructuras.
De acuerdo con el ente acusador, la red utilizaba documentación adulterada para adquirir combustible a través de mecanismos legales, aprovechando el aparente cumplimiento normativo para ocultar sus verdaderas intenciones. Una vez adquirido el hidrocarburo, era trasladado a través de vehículos cisterna hasta puntos de acopio clandestinos, desde donde se distribuía al GAOR Jaime Martínez.
El análisis de registros comerciales y tributarios evidenció que las estaciones involucradas reportaban niveles de consumo y ventas desproporcionados, muy por encima del promedio nacional, especialmente en los años 2022, 2023 y lo corrido de 2024. Este patrón fue clave para descubrir el entramado de corrupción y desvío sistemático del recurso.
Entre los capturados, Dairo Segura Díaz figura como representante legal de dos estaciones ubicadas en Jamundí, mientras que Faber Noguera Castillo era propietario de una estación en la vereda San Isidro del municipio de Morales. Ambos habrían sido los encargados de coordinar la compra, distribución y transporte del combustible hacia zonas rurales del Cauca, controladas por el grupo armado.
Por su parte, Cris Johanna Madroñero Guzmán, quien también fue detenida, habría desempeñado un rol administrativo crucial, facilitando el flujo de documentos y la operación contable del esquema fraudulento. Las autoridades no descartan nuevas capturas en los próximos días, en especial contra funcionarios que habrían permitido el funcionamiento irregular de las estaciones.
Las autoridades enfatizaron que esta red no solo afectaba la economía legal, sino que también fortalecía el brazo armado de un grupo ilegal que ha sido responsable de atentados, desplazamientos forzados y amenazas contra comunidades rurales en el Cauca y el Valle del Cauca.
La Fiscalía anunció que los capturados serán imputados por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y destinación ilícita de combustibles. Mientras avanza la judicialización, los investigadores buscan establecer si otras estaciones del suroccidente del país podrían estar involucradas en redes similares.
Este operativo se convierte en un paso contundente en la lucha contra las economías ilegales que alimentan la violencia armada en Colombia, y refuerza la importancia de los controles fiscales y logísticos en la cadena de suministro de hidrocarburos.
