La Fiscalía General de la Nación ha logrado desmantelar una compleja red de tráfico de armas que involucra a miembros y exmiembros del Ejército Nacional, en una operación que dejó como resultado la captura de 9 personas el pasado 28 de noviembre de 2024. Entre los detenidos se encuentran 5 uniformados activos, 2 pensionados y 2 retirados, quienes son acusados de sustraer partes de fusiles y otros armamentos de instalaciones militares para ser vendidos a grupos criminales.
Implicados en el tráfico de armas
Los detenidos incluyen sargentos activos como Raúl Leonardo Becerra Sánchez, Luis Carlos Buitrago Fierro y Anderson Sánchez, además de sargentos en retiro como César Leslie Ramírez Pinto, James Valencia, y Mauricio Fagua Quiroz. También fueron capturados soldados profesionales como Wilson García Betancourt y Breshnet Peña Sierra, así como un soldado pensionado, Luis Ferney Ríos Valderrama. Todos enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas.
Operativos en Caquetá y otras regiones
Las investigaciones detallaron que los implicados aprovechaban su posición dentro de las Fuerzas Armadas para extraer partes y accesorios de armas de fuego de diversas instalaciones militares en el país. Entre los lugares afectados por este tráfico ilegal se destacan el Fuerte Militar de Larandia, ubicado en Caquetá, y el Fuerte Militar de Tolemaida en Cundinamarca, así como el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 20 en Villavicencio (Meta). También se mencionan el Almacén de Indumil en la Seccional Caquetá como punto clave de extracción de armamento.
Repercusiones y medidas judiciales
Los implicados en este crimen tenían contactos externos que se encargaban de ensamblar los fusiles y otras armas para su venta a grupos criminales. En pago por estos actos ilícitos, los detenidos recibían dinero en efectivo para evitar dejar rastros. En el desarrollo de este caso, el sargento James Valencia aceptó los cargos, mientras que el resto de los capturados rechazó las acusaciones.
Impacto en la seguridad pública
Este caso subraya la grave problemática del tráfico ilegal de armas en Colombia, al mismo tiempo que pone en evidencia la complicidad de miembros del Ejército en actividades delictivas. Además, se resalta la necesidad urgente de fortalecer los controles internos dentro de las Fuerzas Armadas para evitar el uso indebido de recursos y garantizar la seguridad pública.
La Fiscalía sigue investigando posibles vínculos entre los detenidos y grupos armados ilegales, lo que podría extender aún más el alcance de esta red criminal y tener repercusiones en la lucha contra el crimen organizado en el país.
