Una red de trata de personas operaba desde un bar en la localidad de Barrios Unidos, donde engañaban a jóvenes con falsas ofertas de trabajo. Las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas, caían en la trampa al responder a anuncios en Facebook y WhatsApp que prometían empleos como meseras o aseadoras.
Una vez dentro del establecimiento, los delincuentes les quitaban sus pertenencias, las amenazaban y las obligaban a realizar actos sexuales. La banda, activa desde hace al menos dos años, operaba con crueldad y bajo la fachada de un negocio legal.
Testimonio desgarrador
La madre de una de las víctimas relató a Noticias RCN cómo su hija logró escapar después de sufrir abusos. «Mami, el trabajo donde yo fui no era para ser mesera, allí me prostituyeron. Me obligaron a acostarme con muchos hombres», contó la joven.
La menor intentó resistirse, pero los captores la amenazaron con un arma: «Usted de aquí sale. Si no hace lo que le decimos, sale muerta». Finalmente, aprovechó un descuido mientras la llevaban con un cliente y logró huir.
Los responsables
Las autoridades identificaron a cuatro integrantes de la red tras ocho meses de investigación:
- Alias Richis (48 años): presunto dueño del bar y líder de la organización.
- Alias Jessica (25 años): encargada de administración y caja.
- Alias Fuyol (34 años): responsable de seguridad.
- Alias La Mona (38 años): principal reclutadora de víctimas.
Según las investigaciones, la banda generaba alrededor de 100 millones de pesos mensuales, sometiendo a cada víctima a hasta cinco abusos sexuales diarios.
Libertad de los capturados genera indignación
Aunque las autoridades capturaron a los sospechosos el 8 de julio en diferentes localidades de Bogotá, un juez los dejó en libertad por supuestas fallas en el proceso. La decisión provocó indignación, especialmente entre las víctimas, que temen por su seguridad.
«Mi hija tiene pesadillas, no puede dormir y sufre crisis constantes. Esto la afectó profundamente», denunció una madre.
La Fiscalía ya apeló el fallo, pero el trámite podría tardar hasta dos meses. Mientras tanto, las sobrevivientes esperan que se haga justicia.
