La comunidad del corregimiento uno (1), en Villavicencio, ha expresado su creciente preocupación por la situación de inseguridad generada por los internos del Centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes ’El Yarí’. A pesar de los reiterados llamados a las autoridades municipales, departamentales y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la respuesta ha sido escasa, lo que ha llevado a los habitantes a considerar medidas de hecho para exigir soluciones.
Denuncias
Carmen Rivera, edil del sector, denunció el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Alcaldía de Villavicencio y el ICBF. Según sus declaraciones, se había programado una reunión con delegados de ambas entidades para tratar la problemática, pero estos no asistieron, generando malestar y desconfianza entre los habitantes. «Hicimos una toma pacífica y pedagógica hace ocho días para informar a la comunidad sobre el peligro latente que representan las fugas de los internos. Hoy esperábamos una respuesta concreta, pero nuevamente nos han fallado», manifestó Rivera.
La situación de inseguridad en el sector se ha agravado desde diciembre pasado, cuando un policía perdió un ojo tras ser agredido con una varilla durante un motín en el centro de reclusión. Las fugas de los internos y los incendios dentro del penal han incrementado el temor de la comunidad, que se siente expuesta ante la falta de medidas de seguridad adecuadas. Además, la falta de alumbrado público en la zona ha sido un factor que ha facilitado la evasión de los internos y ha aumentado los riesgos para los residentes.
Responsabilidades
Rivera insistió en que, si bien varias entidades tienen responsabilidad en la situación, el ICBF es el principal organismo encargado de garantizar la seguridad y el bienestar de los adolescentes en el centro de reclusión. «Todos se tiran la pelota, pero el Bienestar Familiar no nos ha dado la cara. Necesitamos respuestas concretas y acciones inmediatas», enfatizó la corregidora.
Ante la falta de respuestas, la comunidad ha decidido esperar hasta el 29 de este mes, fecha en la que está programada una reunión de las autoridades para definir responsabilidades y acciones. Sin embargo, si no se presentan soluciones concretas, los habitantes del corregimiento uno (1) han advertido que tomarán medidas de hecho para exigir la atención que, hasta ahora, no han recibido.
El problema adquiere mayor gravedad al considerar que los internos del centro de reclusión, aunque menores de edad, han sido vinculados a delitos graves como homicidio, extorsión y agresiones sexuales. La falta de control sobre estos jóvenes ha convertido al sector en un punto de alto riesgo tanto para la comunidad local como para la ciudad de Villavicencio en general.
