El olor a putrefacción se mezcla con la humedad del ambiente en los alrededores de la morgue de Guayaquil, donde la situación es desesperante. Este jueves, los más de 200 cuerpos en descomposición, que los funcionarios de Medicina Legal retiraron de un contenedor colapsado, han sido distribuidos en un depósito refrigerado recién reparado. La morgue presenta un cuadro aterrador: cuerpos desmembrados, sangre y un hedor penetrante en todas las instalaciones. La crisis se debe a la gran cantidad de autopsias que deben realizar solo cuatro médicos, quienes, ante la alta demanda, solo pueden dedicar 30 minutos a cada cadáver, cuando lo ideal sería entre cuatro y seis horas. Esto resulta en la pérdida de pruebas y extravío de identidades.
En los exteriores de la morgue de la ciudad más violenta de Ecuador, los familiares siguen esperando noticias de los cuerpos. Algunos han sido permitidos ingresar para reconocer el cadáver y hacer los trámites para retirarlos. Entre ellos, María, cuya tragedia es desgarradora: su hijo de 16 años fue secuestrado al salir del colegio y posteriormente asesinado. «Solo quiero que me entreguen a mi hijo, porque no comprenden el dolor que esto es para nosotros», dice la madre desconsolada, llorando en los brazos de su hermana. Los familiares están preparados con mascarillas y ungüento mentolado para la nariz, esperando a que algún funcionario se acerque para darles información. «¿Van a entregar los cuerpos o no?», se preguntan entre ellos, con la esperanza de poder velar el cuerpo de su ser querido para ayudar a su alma a desprenderse de la tierra.
Antonio Mayorga también espera recuperar el cuerpo de su hijo, quien recibió tres disparos cuando intentaron robarle el taxi hace tres días. Las balas le perforaron el riñón, el pulmón y una arteria del corazón. Desde entonces, su cuerpo ha estado en la morgue. «Nos dijeron que hay problemas en los contenedores, que los cadáveres están en estado de putrefacción, pero que hoy lo van a entregar», dice Antonio esperanzado. Otros familiares, que llevan meses escuchando lo mismo, han pedido desesperadamente entrar a los contenedores para buscar los cuerpos ellos mismos, pero no se lo han permitido.
El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses inició el miércoles el traslado de por lo menos 100 cadáveres al contenedor recién reparado. Los cuerpos estaban uno encima de otro sin mayor cuidado, en bolsas plásticas negras, algunas rotas, dejando ver partes del cuerpo enfundado. Debido al incremento de la violencia criminal en el país, ha aumentado el número de cadáveres sin identificar y otros cuerpos no han sido retirados por ningún familiar. Según fuentes consultadas por EL PAÍS, los perfiles de los cadáveres abandonados suelen ser de indigentes o personas vinculadas a bandas criminales, a quienes sus allegados prefieren olvidar.
El proceso de inhumación de esos cadáveres debe cumplir un protocolo riguroso para demostrar que se agotaron todos los exámenes posibles para identificarlos. Este incluye pruebas de necrodactilias, antropología, odontología forense, y la toma de ADN. Solo después de cumplir este procedimiento, un cementerio debe donar el espacio para enterrar el cuerpo individualmente, con un código en la lápida para futuras investigaciones.
Sin embargo, este proceso no se ha llevado a cabo adecuadamente. La crisis en la morgue de Guayaquil se ha agravado por la falta de personal para atender el incremento de cadáveres que requieren autopsia. En lugar de mejorar, la situación ha empeorado: el número de muertos ha aumentado y los cuerpos deben repartirse entre los únicos cuatro médicos legistas certificados para realizar ese trabajo.
