A partir del 11 de abril de 2025, toda persona que se encuentre en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal estará obligada a registrarse ante el gobierno federal. Así lo decidió el juez Trevor Neil McFadden, quien falló a favor de esta medida impulsada por la administración del expresidente Donald Trump. Desde el 11 de abril inicia registro obligatorio migratorio en EE.UU..
La decisión obliga a los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años a entregar sus huellas dactilares, dirección de residencia y firmar el Formulario G-325R. Tras completar este trámite, recibirán un «Comprobante de Registro de Extranjero», documento que deberán portar en todo momento.
Los padres o tutores legales serán responsables del registro de menores de 14 años, y los ciudadanos canadienses que permanezcan más de 30 días en el país también estarán sujetos a este requerimiento.
Multas millonarias y cárcel: las sanciones por incumplimiento
La medida establece sanciones severas para quienes no cumplan. Cualquier persona que evite el registro obligatorio podría enfrentar:
- Multas de hasta 5.000 dólares (más de 21 millones de pesos colombianos).
- Hasta 30 días de detención preventiva para verificación migratoria.
- Delito menor si se niegan a proporcionar datos biométricos, lo que podría conllevar hasta seis meses de cárcel.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que los infractores también estarían expuestos a procesos judiciales y deportación inmediata.
Críticas, antecedentes y polémica legal; Desde el 11 de abril inicia registro obligatorio migratorio en EE.UU.
La administración Trump defiende esta medida como una aplicación de leyes ya existentes, como la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Sin embargo, su implementación generalizada ha sido rara, y en el pasado solo se aplicó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta normativa criminaliza la presencia indocumentada y podría generar persecución y discriminación masiva. Abogados aseguran que, aunque legalmente contemplada, esta política «nunca se implementó por sus implicaciones históricas y morales».
Pese a los intentos de bloquear la norma, el juez McFadden consideró que los demandantes no tenían legitimidad legal para impugnarla. En respuesta, la secretaria Kristi Noem declaró:
«El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro: si están aquí ilegalmente, váyanse ahora. Tal vez tengan una segunda oportunidad más adelante.»