El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, manifestando abiertamente que “no tenemos confianza en el sistema electoral” colombiano, ha despertado una profunda preocupación institucional y política en todo el país.
Desde su intervención en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Petro puso en duda la transparencia del sistema electoral, especialmente al señalar la continuidad del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para la logística y el software del escrutinio electoral. Esta firma tecnológica, contratada por más de una década, ha sido señalada por Petro como un riesgo potencial, aunque sin presentar pruebas concretas de fallos o vulnerabilidades.
La reacción fue inmediata: desde distintos sectores del Congreso y de organismos independientes se rechazaron las afirmaciones del mandatario como irresponsables y peligrosas para la estabilidad democrática. La representante Katherine Miranda expresó: “Aquí que el presidente cuestione sin prueba la transparencia de la entidad electoral, no solo es irresponsable, sino erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia”. Similar crítica planteó Marelen Castillo: “La democracia no puede estar en vilo por la desconfianza de un gobernante. Es hora de fortalecer la democracia con reglas claras y garantías permanentes, no con discursos de ocasión”.
Esta no es la primera ocasión en la que Petro cuestiona el sistema electoral en función de conveniencias políticas. Analistas recuerdan que, después de las elecciones de 2018, ya había acusado irregularidades y dudado públicamente de la legitimidad del ganador, palabras que en su momento contribuyeron a polarizar el ambiente político.
La ONG El País advierte que declaraciones como ésta anticipan un escenario problemático para 2026: si el sistema electoral es cuestionado desde el inicio, los resultados electorales podrían no ser aceptados, generando un ambiente de sospecha institucional sin precedentes. En ese artículo se resalta que Colombia ha construido un sistema electoral sólido y reconocido internacionalmente, pero que la legitimidad democrática depende no solo del resultado, sino de la aceptación consensuada de este.
Para contrarrestar estas tensiones, el registrador Hernán Penagos ha salido al paso, reiterando su compromiso con la transparencia y convocando a fuerzas armadas y al Ministerio de Defensa para asegurar un proceso electoral seguro. Sin embargo, la falta de confianza sembrada desde la presidencia puede erosionar la percepción pública sobre la neutralidad y fiabilidad del sistema.
En suma, la estrategia política de sembrar desconfianza anticipada en el sistema electoral, en caso de resultados desfavorables, podría llevar a una fragilización democrática gravísima. La confianza en las instituciones es pilar esencial de cualquier democracia legítima, y ponerla en tela de juicio sin bases sólidas representa un riesgo institucional que todos los sectores del país deberán enfrentar con responsabilidad.