El ‘Caso Uribe’ ha sido uno de los procesos judiciales más complejos y mediáticos en Colombia, involucrando al expresidente Álvaro Uribe Vélez en investigaciones por presuntos delitos de fraude procesal, soborno y manipulación de testigos. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación en su contra debido a los presuntos intentos de influir en los testimonios de exparamilitares que lo acusaban de tener vínculos con grupos ilegales. A pesar de que en un principio el proceso fue archivado, la Corte Suprema de Justicia reabrió el caso y formuló cargos en 2020, desatando una intensa controversia política sobre la independencia de la justicia y el impacto del caso en la democracia colombiana.
Este caso ha generado un profundo debate en el país sobre la politización de la justicia, ya que varios de los protagonistas del proceso, tanto en el ámbito judicial como político, han sido acusados de tener intereses personales en la resolución del caso. La acusación a Uribe ha puesto en el centro de la discusión pública el tema de la impunidad, la transparencia en la administración pública y la lucha contra la corrupción. A medida que el caso avanza, se mantiene la tensión entre quienes defienden al exmandatario, asegurando que se trata de una persecución política, y quienes consideran que la justicia debe prevalecer, independientemente de la figura involucrada.