La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) denunció que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela está llevando a cabo desapariciones forzadas que constituyen crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con el informe titulado Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela, se documentaron al menos 15 casos de personas desaparecidas desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y que la mayoría permanecen sin ser localizadas hasta la fecha.

La práctica, según el documento, hace parte de una política sistemática de represión dirigida contra la disidencia y quienes son percibidos como opositores al Gobierno. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, destacó que estas desapariciones infligen un daño irreparable tanto a las víctimas como a sus familias, quienes enfrentan una incertidumbre angustiante y un sufrimiento constante.

El informe subraya que las desapariciones son el producto de detenciones arbitrarias, muchas veces sin órdenes judiciales ni bases legales, que luego se tornan en desapariciones forzadas durante varios días. Los afectados carecen de acceso a asistencia legal independiente y sus familiares permanecen sin información sobre su paradero durante períodos prolongados.

Entre las víctimas de desapariciones habría ciudadanos venezolanos y extranjeros, incluyendo casos documentados de personas de nacionalidades como española, estadounidense, francesa, ucraniana, colombiana y uruguaya. Por ejemplo, dos españoles detenidos en Venezuela desde septiembre de 2024 permanecen desaparecidos sin que se haya confirmado su destino oficial.

Deterioro progresivo de DD.HH. en Venezuela

El deterioro de los derechos humanos en Venezuela se intensificó después de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Las protestas que siguieron al anuncio de resultados fueron reprimidas violentamente, con uso excesivo de fuerza y reportes de ejecuciones extrajudiciales.

Miles de personas, entre ellas defensores de derechos humanos, periodistas y menores de edad, fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a torturas y tratos crueles. Las condiciones carcelarias empeoraron y la impunidad ante estas violaciones persiste, mientras la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Además, el gobierno intensificó su hostigamiento contra medios independientes y organizaciones de derechos humanos, expulsando incluso al personal del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.