Ante la inminente ejecución de la orden judicial de desalojo en el predio ocupado ilegalmente en el sector de Villa Resistencia, la Personería Municipal de Ibagué fijó una postura contundente para proteger la integridad y el mínimo vital de las comunidades implicadas. El personero de la capital tolimense, Educardo Espinosa, advirtió que previo a cualquier procedimiento policivo, la administración local debe garantizar una oferta institucional integral para las poblaciones sujetas de especial protección constitucional.
La diligencia, que tiene como fecha tentativa de realización el próximo lunes 5 de octubre, responde al estricto cumplimiento de un mandato proferido por el Consejo de Estado, el cual ordena la restitución del terreno. Sin embargo, desde el Ministerio Público se insiste en que la fuerza pública y las autoridades operativas no pueden avanzar sin antes desplegar el protocolo social correspondiente.
El personero municipal recordó que dentro del asentamiento informal habitan cientos de personas en condición de extrema vulnerabilidad, entre las que se cuentan adultos mayores, niños, mujeres gestantes y familias víctimas del desplazamiento forzado.
Espinosa enfatizó que la atención previa no es una opción discrecional, sino una obligación técnica sustentada en jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el año 2016. Aunque durante el proceso surgieron diferencias respecto a la caracterización de los ocupantes, la Personería confirmó que la validez del censo poblacional fue respaldada jurídicamente por el Tribunal Administrativo del Tolima.
«A nosotros nos preocupa la garantía de los derechos, por eso seguiremos haciendo el acompañamiento institucional. El desalojo es inminente por orden del Consejo de Estado, pero a la gente hay que garantizarle sus derechos fundamentales antes de cualquier procedimiento», aseveró Educardo Espinosa, personero de Ibagué.
En el marco de las mesas de trabajo y concertación adelantadas por los delegados de la Personería con los voceros de Villa Resistencia, los habitantes han manifestado su disposición al diálogo, solicitando alternativas concretas para no quedar en condición de habitabilidad de calle.
Entre las principales peticiones planteadas por la comunidad destacan la asignación de subsidios temporales de arrendamiento, apoyo financiero para el traslado hacia otros municipios o la inclusión prioritaria en programas institucionales de vivienda de interés social. La Personería mantendrá presencia permanente durante todo el operativo para verificar el cumplimiento del debido proceso y evitar violaciones a los derechos humanos.
