El adulto mayor Julio Cleves Cuéllar denunció desalojo injusto y falta de vivienda digna.
La falta de políticas efectivas de vivienda en el municipio de Hobo quedó en evidencia tras un procedimiento de desalojo adelantado por las autoridades en un predio de propiedad pública, ocupado por varias familias en condición vulnerable. Más allá del operativo, la situación dejó al descubierto una problemática estructural relacionada con la ausencia de planes que respondieran al crecimiento poblacional y a la demanda de soluciones habitacionales.
En el terreno conocido como “La Chamba”, decenas de personas habían levantado viviendas improvisadas ante la imposibilidad de acceder a un hogar digno. Según versiones recogidas en el lugar, muchas de estas familias enfrentaban altos costos de arriendo y limitaciones económicas que las llevaron a ocupar el predio como una alternativa desesperada.
El panorama reflejaba un déficit de vivienda significativo en el municipio, situación que, según los propios habitantes, no había sido atendida de manera oportuna por la administración local, pese a las necesidades crecientes de la comunidad.
Reclamos ciudadanos
Entre los afectados se encontraba Julio Cleves Cuéllar, quien aseguró haber residido por más de 40 años en la localidad. El hombre explicó que su decisión de ocupar el terreno estuvo marcada por la necesidad, luego de perder su vivienda tras la avalancha de 2008, cuando varias familias quedaron sin techo pese a haber construido soluciones prefabricadas.
Afirmó que, con el paso del tiempo, no se concretaron programas de vivienda que permitieran mitigar la problemática, lo que derivó en la ocupación del lote como única salida. Su testimonio fue respaldado por otros habitantes que señalaron la falta de gestión institucional frente a una situación que se venía agravando.
Aunque el operativo de desalojo avanzó bajo supervisión de la fuerza pública, la comunidad insistió en que el problema de fondo no radicaba en la ocupación, sino en la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades locales para garantizar el derecho a una vivienda digna.
