Gracias a labores de inteligencia adelantadas por soldados del Ejército Nacional en el pacífico nariñense fue posible dar con la ubicación de minas antipersonales las cuales se presume que fueron instaladas por integrantes de grupos armados con injerencia en esta zona del país con el fin de atentar contra la tranquilidad, bienestar e integridad de la comunidad y las Fuerzas Militares, lo cual representa la magnitud que tiene el conflicto armado en Colombia el cual de manera constante expone a las personas a quedar en medio de las disputas por el territorio.
El hallazgo de estos elementos se registró en inmediaciones de la vereda La Amistad ubicada en el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño, hasta donde se presume que las tropas de la Tercera División del Ejército Nacional en coordinación con otros organismos de seguridad y bajo estrictas medidas de seguridad, lograron ubicar y destruir de forma controlada estos artefactos explosivos que habían sido instalados en áreas estratégicas y de alto tránsito.
La información preliminar suministrada por las autoridades competentes indica que las minas habían sido colocadas por el Grupo Armado Organizado Residual, Gaor, Oliver Sinisterra, una estructura disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc que opera en la región. La localización de estas minas representa una amenaza directa tanto para los habitantes de la vereda La Amistad como para las fuerzas de seguridad del Estado. Las zonas afectadas por estos artefactos explosivos son áreas transitadas tanto por la población civil como por miembros de la Fuerza Pública, lo que incrementa considerablemente el riesgo de accidentes fatales.
Las tropas del Ejército Nacional, apoyadas por equipos especializados en desminado humanitario, utilizaron métodos de localización y técnicas de desactivación controlada para neutralizar la amenaza sin poner en peligro a la comunidad ni a los miembros de la Fuerza Pública. Este tipo de operativos forma parte de una serie de acciones que la Fuerza Pública ha implementado en la región para garantizar la seguridad y protección de los civiles, y para debilitar la capacidad operativa de los grupos armados ilegales que persisten en la región del Pacífico colombiano.
