Un nuevo episodio de tensión política sacude al municipio de Acevedo. El Juzgado competente abrió un segundo incidente de desacato contra el secretario de Gobierno, Sebastián Silva Peña, por presuntamente incumplir la sentencia de tutela 2025–00154-00 del 11 de agosto de 2025.
La decisión judicial ordenaba borrar, en 48 horas, la demarcación de diez puestos de trabajo en el segundo piso de la galería municipal, espacios que, según la tutela, fueron señalizados de manera arbitraria. Además, exigía convocar en un plazo de 15 días una mesa de concertación con la Personería, la ciudadana afectada, Amparo Montoya Uribe, y los demás inquilinos, para socializar el reglamento interno de la plaza de mercado.
Cumplimiento difuso
El fallo fue explícito: cualquier proyecto de reglamentación sobre el uso de los espacios debía socializarse y concertarse previamente antes de llegar al Concejo Municipal. También ordenó proteger los derechos fundamentales de mujeres en situación de vulnerabilidad y diseñar un protocolo de reubicación que respetara la confianza legítima y el enfoque diferencial.
Sin embargo, la demarcación no fue retirada. Y en lugar de instalar la mesa de concertación, el 15 de enero de 2026 se expidió la circular 03, mediante la cual se abrió un proceso para adjudicar los puestos de trabajo dentro de la galería. Para los críticos, la medida no solo ignora la orden judicial, sino que profundiza la percepción de decisiones administrativas tomadas sin consenso ni garantías.
Dos días decisivos
Mediante auto del 23 de febrero, el Juzgado otorgó al funcionario un plazo de dos días para demostrar el cumplimiento integral del fallo. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones que van desde arresto hasta multa económica.
Más allá del expediente, el caso plantea una pregunta de fondo: ¿quién responde políticamente cuando se desoye a la justicia constitucional? En un municipio que exige transparencia y respeto institucional, el pulso entre administración y judicatura no es un simple trámite; es una prueba de gobernabilidad. También es un termómetro de liderazgo, coherencia pública y responsabilidad ética frente a la ciudadanía que observa, evalúa y no olvida.
