La incertidumbre se ha instalado en los barrios de Popayán tras la circulación de un documento interno que plantea nuevas condiciones para el uso de los escenarios deportivos administrados por la Alcaldía. Aunque la circular no ha sido oficializada mediante firma o acto público, su contenido ya genera debate entre dirigentes comunitarios, entrenadores y líderes sociales que durante años han promovido campeonatos en distintas categorías.
El texto, elaborado desde la Secretaría del Deporte Municipal, establecería restricciones para la realización de torneos de fútbol 11 en escenarios públicos, una decisión que impactaría directamente a las Juntas de Acción Comunal y colectivos deportivos que organizan competencias juveniles, libres y de veteranos. Para muchos, estos campeonatos no solo representan actividad física, sino también espacios de integración social y prevención de problemáticas como el consumo de sustancias o la violencia juvenil.
De acuerdo con el documento, cualquier actividad deberá contar con autorización previa y formal de la autoridad competente, en cumplimiento del Decreto 2665 de 2021, normativa que regula la administración y programación de los escenarios públicos. Además, advierte que los eventos que no tengan aval institucional podrían considerarse irregulares y no contarían con respaldo administrativo.
La preocupación crece ante la posibilidad de que se establezcan cobros mensuales o requisitos adicionales que dificulten el acceso a las canchas. Algunos líderes comunitarios señalan que históricamente han sido las propias comunidades quienes han gestionado recursos, organizado mingas y realizado mantenimientos básicos para conservar los espacios en condiciones adecuadas. Desde esa perspectiva, consideran que imponer nuevas exigencias sin diálogo previo podría interpretarse como una barrera para el deporte comunitario.
En medio de la polémica, el ciudadano Yilber Bolaños expresó su inconformidad, señalando que la administración municipal no habría invertido recursos significativos en el mejoramiento de varios escenarios y que, pese a ello, ahora buscaría centralizar su control. Sus declaraciones reflejan un sentir que empieza a replicarse en distintos sectores, donde se teme que campeonatos tradicionales puedan suspenderse o aplazarse mientras se aclara la situación jurídica.
Por su parte, el secretario Jesús Mauricio Martínez Solano explicó que la intención de las medidas sería fortalecer la organización, garantizar el cuidado de los bienes públicos y asegurar una planeación adecuada de los espacios. Según indicó, la regulación permitiría evitar conflictos por programación, reducir el deterioro de la infraestructura y mejorar la supervisión institucional.
Sin embargo, expertos en gestión deportiva comunitaria advierten que cualquier cambio en las reglas debe ir acompañado de socialización amplia y concertación con los actores involucrados. Señalan que los escenarios deportivos no solo cumplen una función recreativa, sino que son puntos de encuentro social que fortalecen el tejido comunitario. Limitar su uso sin alternativas claras podría generar tensiones innecesarias.
Mientras la circular continúa sin oficialización, la discusión sigue abierta. En varios barrios ya se evalúan reuniones extraordinarias para analizar el alcance de las disposiciones y definir acciones colectivas. Entrenadores y organizadores coinciden en que el deporte ha sido una herramienta clave para la convivencia y el desarrollo juvenil, por lo que cualquier modificación debe priorizar el interés general.
El desenlace dependerá de la capacidad de diálogo entre la administración municipal y la comunidad. Lo cierto es que el balón, más allá de la cancha, se mueve ahora en el terreno institucional, donde se definirá el futuro inmediato del deporte barrial en la ciudad.
