El presidente Gustavo Petro, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, recordó el 25 de noviembre de 2025 que fue él quien, en 2007, cuando era senador, denunció públicamente por primera vez la existencia del grupo paramilitar conocido como los “12 Apóstoles”, una estructura criminal que operó en Antioquia y que, según investigaciones judiciales, ejecutó asesinatos selectivos, desapariciones y crímenes sistemáticos en nombre de la llamada “limpieza social”.
Estas declaraciones del mandatario surgieron tras la reciente condena de 28 años y 3 meses de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por su participación en este grupo. La sentencia revocó una absolución previa y catalogó los hechos como crímenes de lesa humanidad, debido a la gravedad y sistematicidad de los ataques contra la población civil.
En su mensaje, Petro describió cómo operaba esta estructura violenta, afirmando que los “12 Apóstoles” dejaron “centenares de muertos” en Yarumal y otras zonas cercanas. Detalló, además, que los cuerpos de las víctimas eran arrojados a una laguna con caimanes, lo que reflejaba el carácter brutal de las acciones del grupo. También insistió en que presentó pruebas en su debate de 2007 que mostraban la articulación entre narcotraficantes, sectores políticos locales, miembros de las Fuerzas Armadas, y figuras como Santiago Uribe y el entonces jefe de seguridad presidencial, el general (r) Mauricio Santoyo.
Las menciones del presidente se dan en un contexto de conmoción nacional tras la confirmación judicial de la responsabilidad penal de Santiago Uribe. Investigaciones, informes de organizaciones de víctimas y trabajos periodísticos han documentado durante años las actividades violentas del clan de los “12 Apóstoles”, considerado por la justicia como un aparato organizado de poder con capacidad para ejecutar crímenes sistemáticos.
Petro también afirmó que su denuncia en 2007 desató una serie de retaliaciones contra él y su familia, señalando persecución estatal, interceptaciones ilegales por parte del extinto DAS y un desplazamiento forzado de varios de sus familiares hacia el exilio. Finalmente, acusó a sectores políticos de extrema derecha en Estados Unidos —especialmente en Florida— de intentar desprestigiarlo, asegurando que algunos de estos actores tienen vínculos con el uribismo y buscan “vengarse” de su labor política.
La declaración del presidente subraya la trascendencia del fallo contra Santiago Uribe y reabre un capítulo histórico relacionado con la expansión del paramilitarismo en Antioquia, la complicidad entre actores estatales y criminales, y la denuncia que Petro ha reivindicado como un acto de valentía política en medio del conflicto armado colombiano.
