Las acusaciones de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias han puesto en el ojo del huracán a la exconcejala y exdiputada del Meta, Ximena Calderón, y a su familia. Según denuncias presentadas ante la Fiscalía en septiembre de 2024, Calderón habría incrementado su patrimonio de manera desproporcionada, alcanzando un valor superior a los 27 mil millones de pesos, cifra que dista considerablemente de sus ingresos oficiales durante su paso por cargos públicos.
Investigaciones
Las investigaciones apuntan a que la familia de Calderón, incluidos sus padres y su hermano, también se habría beneficiado de este presunto esquema de corrupción. El patrimonio se estima en mil doscientos sesenta y cinco millones de pesos, sin contar equipos de sonido, video y luces cuyo valor se calcula en varios miles de millones de pesos adicionales.
Además, la denuncia sugiere que Ximena Calderón utilizó su influencia política para asegurar contratos en el Instituto de Turismo y Cultura del Meta, favoreciendo a contratistas que posteriormente subcontrataban a su hermano. Una práctica similar habría ocurrido en la Empresa de Servicios Públicos del Meta (EVESA), donde contratistas allegados a Calderón habrían sido beneficiados, dejando rastros en los registros de propiedad de la familia.
Presiones
Otro aspecto clave en las denuncias es el presunto uso de la Contraloría Departamental del Meta como herramienta de presión política. Se menciona a una mujer, como cuota política de Calderón dentro de la entidad, quien habría utilizado su posición para iniciar procesos de responsabilidad fiscal contra funcionarios de alto nivel. Estas acciones, según las acusaciones, habrían servido como mecanismo de chantaje para obtener beneficios económicos.
Las denuncias han generado una fuerte reacción en la opinión pública, poniendo en entredicho la transparencia en el manejo de los recursos en el departamento del Meta. La controversia también podría afectar el panorama político de la región, especialmente en un momento en el que Ximena Calderón busca consolidar su influencia en la escena política.
A pesar de las acusaciones, ni Calderón ni su familia han emitido declaraciones oficiales sobre los señalamientos en su contra. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si existen más bienes no declarados y confirmar la veracidad de las acusaciones.
En medio del escándalo, algunos sectores han aprovechado la coyuntura para hacer un llamado a la participación política de las mujeres, pero enfatizando la importancia de la transparencia y la ética en el ejercicio del poder. La situación de Calderón también ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar el uso indebido de cargos públicos en beneficio propio.
