Luisa Cristancho
Por medio de diferentes denuncias que han realizado enfermeros auxiliares del Hospital Regional del Departamento, en Yopal, denunciaron que han sido objeto de persecución, ya que hace unos meses interpuso ante la gobernación de Casanare, un derecho de petición mediante la cual se exige el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T-388/20, ya que actualmente su contrato es por prestación de servicios.
¿De qué trata?
Por medio de esta sentencia lo que se busca, es remunerar de manera legal junto con prestaciones legales, el resuelve de la sentencia manda a conceder el amparo definitivo de los derechos fundamentales tal como lo es el trabajo, mínimo vita y la estabilidad, los hospitales deben de acatar lo ordenado y se basa en la decisión de afectación sustancial en el normal desarrollo de las funciones.
Afectaciones
En este caso Diana Carolina Romero Cely, denunció que no se está cumpliendo lo exigido por la ley, ya que al recibir su última cuenta de cobro, le anunciaron que su contrato iría hasta el 30 noviembre, para ello puso en conocimiento el caso ya que, es madre de cuatro hijos, cabeza de hogar, y cuidadora de un familiar que es discapacitado, dependiendo todos ellos de ella.
En el Hospital Regional de la Orinoquia, actualmente hay 800 auxiliares de enfermería contratados, por medio de contrato de prestación de servicios, con un sueldo de $1.570.000 donde deben pagar seguridad social que tiene un valor de $300.000 y no reciben las prestaciones de ley, ni liquidación y mucho menos vacaciones.
Señalamientos
La respuesta que obtuvo la administración departamental, fue señalar que esto está bajo a responsabilidad de las IPS, ya que ellas son las competentes en contratar su estructura orgánica, pero respetan la protesta que adelantan ya que son personal de primera línea frente a la situación de pandemia.
Por el momento Diana Carolina, como representante de los trabajadores hospitalarios, afirmo que los 800 compañeros que trabajan actualmente con ella, interpondrán una Acción de Tutela, para exigir su derecho al trabajo y la vinculación a prestaciones sociales, de una manera mucho más digna.
