El presidente Gustavo Petro anunció que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI) a Iván Mordisco, máximo comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, acusándolo de violar el Estatuto de Roma mediante el reclutamiento forzado y sistemático de menores de edad, especialmente en comunidades indígenas.
Petro afirmó que desde que inició su gobierno, 2.411 menores han sido liberados del conflicto armado, y aunque ciertos grupos ilegales han mostrado disposición al desescalamiento, el grupo de Mordisco ha actuado en dirección contraria, intensificando el reclutamiento. Según datos de inteligencia, habría más de 200 menores reclutados, muchos de ellos sometidos a condiciones de esclavitud.
Además del reclutamiento, Petro señaló que Mordisco estaría ampliando sus actividades criminales, involucrándose en narcotráfico y en minería ilegal de minerales raros, con el propósito de controlar áreas estratégicas de la Amazonía, desde el Guaviare hasta el Esequibo, anticipando un posible colapso del Estado venezolano. Estas dinámicas criminales, según el mandatario, generan rutas de expansión de cocaína y cannabis hacia Europa y el sur del continente a través de la selva.
El presidente explicó que este panorama motivó a su gobierno a invitar a Venezuela a la cumbre de seguridad regional en Manaos, con el fin de coordinar acciones de inteligencia contra las mafias amazónicas. Petro también recordó que el grupo de Mordisco ha perpetrado ataques con explosivos en Cali y Cauca, causando múltiples muertes, lo que lo convierte en un actor claramente terrorista.
En cuanto a la respuesta del Estado, Petro aseguró que habrá acciones contundentes contra quienes sigan atacando, pero dejó abierta la puerta a grupos que decidan desescalar la violencia y liberar menores, quienes podrán participar en los mecanismos de diálogo sociojurídico diseñados por el gobierno.
El mandatario reiteró que, bajo su administración, todas las operaciones militares cumplen estrictamente con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y con los lineamientos del Comité Internacional de la Cruz Roja en relación con los menores combatientes.
Finalmente, expertos señalan que la denuncia ante la CPI es jurídicamente viable, ya que Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma, y el reclutamiento de menores de 15 años en conflictos armados constituye un crimen de guerra y puede considerarse también un crimen de lesa humanidad si es sistemático, como en este caso. La CPI ya ha estudiado hechos similares en Colombia, por lo que una eventual investigación tendría un marco legal sólido y precedentes claros.
