Cerca de 170 personas privadas de la libertad permanecen en el centro de detención Laura Valencia, en el cual se han evidenciado muestras de vulneración de los derechos humanos, ya que se encuentran en condiciones precarias.
El Personero Jaime Bonilla habló respecto a este tema: “este establecimiento está determinado ante el Ministerio de Educación como una Institución Educativa y se adecuó provisionalmente para aquellos en condición de sindicados y condenados; sin embargo, el nivel de hacinamiento, los problemas de infraestructura, las falencias en materia de baterías sanitarias y en el suministro de alimentos, transgreden los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la integridad personal y a la salud de estas personas”.
En la actualidad, el centro transitorio cuenta con 21 efectivos de la policía, que llevan una responsabilidad que no les compete, ya que deben custodiar a estas personas para garantizar la seguridad, asimismo se presenta una alta inconformidad por parte de los ciudadanos que habitan en los alrededores del lugar ubicado en la zona céntrica de Popayán.
Por su parte el corporado William Campiño, señaló: “Nos preguntamos si realmente existe un convenio interadministrativo porque terminaron entregando la gran responsabilidad a la Policía Nacional y tiene que haber personal para cada área, la Policía se encarga de capturar a los delincuentes, pero dentro del centro de detención deben haber otras personas que se encarguen de mantener el orden, hay que rectificar la organización para que no se sigan violando los derechos ni de los funcionarios ni de las personas privadas de la libertad”, expresó.
Desde la Personería se Hizo el llamado a la institucionalidad para hacer el acompañamiento efectivo con el objetivo de resolver lo más pronto posible esta situación y que este centro transitorio de detención preventiva, pueda ser trasladado en un sitio donde la Administración Municipal, garantice condiciones digas para las personas que permaneces privadas de la libertad.
Destacado: “Se están violando los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y a la salud de estas personas”, Bonilla.