En un macabro entramado que involucra a las disidencias de las Farc, miembros de la Sijín y funerarias de Jamundí (Valle del Cauca) y Santander de Quilichao (Cauca), se estaría llevando a cabo el trasteo de cadáveres con el fin de manipular las cifras oficiales de homicidios en la región. Denuncias de líderes sociales y comunitarios han revelado que, en lugar de ser reportados como homicidios en el municipio de Jamundí, los cuerpos de las víctimas son trasladados al Cauca para que figuren en los registros de otros municipios.
Según los testimonios obtenidos por SEMANA, los hechos se concentran en los corregimientos de Robles, Guachinte y Timba, ubicados en la zona rural de Jamundí, frontera con Cauca. Allí, las disidencias de las Farc asesinan a personas, las dejan sobre las vías y las funerarias locales, autorizadas por el grupo armado, se encargan de trasladarlas, pero no hacia la morgue de Jamundí, sino a la de municipios como Santander de Quilichao y Buenos Aires, para que el homicidio no sea registrado en el Valle del Cauca, sino en el Cauca.
El papel de la Sijín y las funerarias
Uno de los líderes comunitarios de la región relató a SEMANA que las funerarias de Jamundí reciben pagos por parte de miembros de la Sijín para mover los cadáveres, especialmente en áreas cercanas al río Cauca, donde los cuerpos son empujados al agua para que el río los transporte. De este modo, los informes de homicidios se “blanquean” y no figuran como muertes ocurridas en Jamundí.
«Lo que está ocurriendo es un trasteo de muertos», denunció el líder, señalando que en el pasado 31 de diciembre, cuatro hombres fueron asesinados en la vía hacia La Balsa, aún jurisdicción de Jamundí. Las dos funerarias avaladas por las disidencias recogieron los cuerpos, pero los trasladaron a la morgue de Santander de Quilichao, donde se reportó que los homicidios ocurrieron en ese municipio, no en el Valle del Cauca. Sin embargo, el personal en la morgue se negó a recibir los cadáveres, y los cuerpos fueron finalmente abandonados en las carreteras hasta que las disidencias los recogieron nuevamente.
La revictimización de las familias
Las denuncias también señalan que el proceder de las funerarias y la Sijín genera una revictimización de las familias de las víctimas. «Sufrimos el dolor de perder a un ser querido, y luego nos enfrentamos a la humillación de no poder recoger sus cuerpos ni darles un entierro digno», expresó una habitante de la zona rural de Jamundí.
En uno de los casos más recientes, un joven fue asesinado en Timba, y aunque la funeraria intentó trasladar el cuerpo al Cauca, la comunidad, sabedora de la situación, se negó a permitir que los restos fueran movidos, lo que resultó en un macabro espectáculo de deterioro durante seis días.
Alianzas con el Frente Dagoberto Ramos en el Cauca
Por otro lado, en Santander de Quilichao, también han emergido denuncias graves sobre la colaboración entre una reconocida funeraria de la zona y el Frente Dagoberto Ramos, una disidencia de las Farc. Se afirma que la funeraria recoge los cadáveres de las disidencias con la complicidad de la Sijín, y que los cuerpos son rápidamente enterrados sin ser reportados oficialmente como homicidios.
Reacciones oficiales
Ante las denuncias, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali emitió un comunicado en el que se comprometió a llevar a cabo una indagación para verificar la veracidad de los hechos. La policía aclaró que actualmente se tiene coordinación con algunas funerarias locales para el traslado de cuerpos hallados en zonas rurales sin presencia institucional. Sin embargo, una vez que los cuerpos llegan a la zona urbana, se realizan inspecciones técnicas por parte de la Policía Judicial.
Las autoridades aseguraron que todos los procedimientos de levantamiento de cadáveres son documentados y se respaldan con actas de inspección técnica, que incluyen coordenadas proporcionadas por las funerarias y otros elementos probatorios.
Una denuncia alarmante
Esta denuncia ha puesto en alerta a las autoridades y a los defensores de derechos humanos, quienes exigen una investigación exhaustiva sobre la presunta complicidad entre las disidencias, la Sijín y las funerarias, y un replanteamiento de los procedimientos para el levantamiento y registro de homicidios en la región. La situación continúa generando gran preocupación en las comunidades afectadas, quienes claman por justicia y por el respeto a los derechos de las víctimas.