En la cárcel transitoria de Planadas, Tolima, la indignación crece. Familiares de los detenidos denuncian un panorama crítico que, según ellos, vulnera gravemente los derechos humanos. Aunque el lugar está destinado a retenciones de máximo 36 horas, muchos reclusos llevan más de un año encerrados en condiciones inhumanas, sin acceso a servicios básicos ni actividades de esparcimiento.
La concejal Gisella Vargas reveló que en celdas de apenas 1×2 metros, diseñadas para alojar a una persona por poco tiempo, hoy sobreviven hacinadas ocho personas, y en ocasiones hasta trece. “Siento tristeza de ver a estos jóvenes”, expresó, señalando la urgente necesidad de intervención de las autoridades.
Los denunciantes aseguran que, pese a que la mayoría de internos ya cuentan con boletas de traslado a centros penitenciarios adecuados, el proceso se ha detenido sin justificación. Esta demora prolonga una situación que califican como degradante, contraria a la dignidad humana y a lo establecido en la ley.
Las familias exigen la aplicación inmediata de lo estipulado en el artículo 28 de la Constitución, el artículo 28A del Código Penitenciario y Carcelario, y la Sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, que protegen los derechos de las personas privadas de la libertad.
En Planadas, la tensión crece a la espera de una respuesta oficial. Por ahora, los detenidos siguen confinados en espacios mínimos, sin condiciones básicas, mientras sus familias claman por justicia y un trato humano que, según ellos, brilla por su ausencia.
