En las últimas horas, la ciudad de Duitama se ha visto sacudida por la difusión en redes sociales de un video que, según varios usuarios, evidencia un «presunto» caso de abuso policial. En el perturbador material visual, se aprecia a ocho oficiales de Policía llevando a cabo lo que parece ser un uso desmedido de su autoridad, agrediendo a un hombre que se encuentra indefenso en una
calle del centro de la ciudad.
La reacción ante estas imágenes ha sido inmediata, y el alcalde José Luis Bohórquez no dudó en expresar su condena a través de sus plataformas digitales. En un mensaje claro y contundente, Bohórquez afirmó: «Como principal autoridad del municipio, no toleraré ni un centímetro de abusos policiales. He citado de manera inmediata al comandante de policía y al secretario de Gobierno y pedí de manera inmediata una investigación interna para estos agentes». Esta declaración del alcalde refleja un compromiso inquebrantable con la protección de los derechos y la integridad de los ciudadanos, así como un firme respaldo a la transparencia y la rendición de
cuentas en las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad pública. Ante la gravedad de las acusaciones, el Departamento de Policía de Boyacá emitió un comunicado oficial en el que anunció medidas concretas para abordar la situación. La comandancia informó que ha dispuesto la creación de un grupo interdisciplinario encargado de esclarecer las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar de los hechos ocurridos en el video viral.
Además, en base a la evidencia proporcionada en el material audiovisual, se ha iniciado una investigación de oficio disciplinaria. El objetivo de esta investigación es verificar las responsabilidades individuales de los uniformados que podrían estar involucrados en el incidente, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso. La respuesta rápida y contundente de las autoridades locales y departamentales destaca la importancia de la transparencia y la acción inmediata en situaciones que involucran posibles abusos policiales. La pronta citación del comandante de policía y del secretario de Gobierno, así como la solicitud de una investigación interna, subrayan el compromiso de las autoridades locales con la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.
