Luz Miriam Sánchez habló sobre el brutal ataque recibido por la esposa de Giovanni Martínez.
Un complejo proceso judicial y administrativo comenzó a gestarse en Ibagué tras las graves denuncias públicas presentadas en contra del concejal Giovanni Martínez y su esposa, Andrea Vásquez. La comunidad de la capital tolimense, alarmada por los hechos, ha reaccionado con severidad ante los señalamientos que involucran penalmente a la pareja en presuntos actos de violencia física, constreñimiento y delitos ambientales. El caso tomó relevancia jurídica tras un altercado violento ocurrido dentro de las instalaciones de la Secretaría de Planeación Municipal, un espacio público que ahora sirve como base para las indagaciones pertinentes de las autoridades encargadas.
La principal denunciante de este caso es la reconocida docente y contratista Luz Miriam Sánchez, quien detalló ante las autoridades competentes el ataque físico y verbal del cual fue víctima por parte de Andrea Vásquez. Según el testimonio oficial de la educadora, Vásquez arremetió en su contra causándole lesiones corporales visibles, con marcas evidentes en el rostro y el área del cuello, además de proferir contundentes amenazas de muerte en su contra. «Temo por mi vida y por mi familia», declaró formalmente la afectada, solicitando de inmediato medidas de protección ante la gravedad de las intimidaciones recibidas.
El testimonio de la docente no solo abrió una línea de investigación por lesiones personales, sino que también destapó un presunto esquema de corrupción pública dentro de la administración local. Diversos ciudadanos y afectados aseguran que el concejal Martínez y su esposa coordinaban el cobro ilegal de una comisión económica a los trabajadores. El sistema operaba presuntamente exigiendo un porcentaje de los honorarios a cambio de facilitar la vinculación laboral de los contratistas dentro de las dependencias de la Alcaldía de Ibagué y en el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (IMDRI).
A este expediente se suman los reportes de la comunidad del sector de La Martinica, quienes acusan directamente al cabildante Giovanni Martínez de causar un desastre ecológico severo en los cerros tutelares de la zona. Ante la acumulación de evidencias y testimonios, los ciudadanos han solicitado la intervención urgente de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación para que inicien las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes. Hasta el momento, el concejal y su esposa han guardado silencio y no han presentado ningún pronunciamiento judicial oficial.
