El concejal de Popayán, José Luis Diago Franco, interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad, dirigida contra la Alcaldía Municipal, en relación con la reciente adecuación de un parqueadero público en la manzana 99, predio donde anteriormente funcionó el centro comercial Anarkos. La denuncia presentada por Diago destaca que esta intervención se llevó a cabo sin contar con la autorización del Concejo Municipal, sin las licencias urbanísticas correspondientes, ni los estudios de movilidad ni los conceptos técnicos sobre el uso del suelo, lo que considera un acto irregular por parte de la administración local.
El concejal subrayó que el predio en cuestión está ubicado en el centro histórico de Popayán, un área declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. Según la legislación vigente, cualquier obra en esta zona debe contar con la aprobación del Ministerio de Cultura, lo que no ocurrió en este caso. Diago considera que la intervención sin estos permisos y la falta de un análisis técnico previo pone en riesgo la conservación del patrimonio cultural y urbano de la ciudad.
Uno de los puntos más críticos que el concejal plantea en su acción de tutela es la afectación al espacio público peatonal, lo que impide la libre circulación de personas en condición de discapacidad, adultos mayores y otros usuarios del espacio urbano. “Popayán no puede seguir construyéndose desde la exclusión. El derecho a caminar con dignidad no puede sacrificarse en nombre del desarrollo. El espacio público no se negocia: se respeta y se protege”, afirmó Diago, enfatizando que la accesibilidad y el bienestar de todos los ciudadanos deben ser prioridad en cualquier intervención urbana.
Además, la acción de tutela pone en duda la legalidad del uso comercial del predio, ya que se destinaría a la operación del parqueadero, pero no hay claridad sobre el destino de los recursos recaudados. El concejal cuestionó cómo se gestionarán los ingresos derivados de la actividad comercial en un predio de naturaleza mixta, ya que el 30% de su propiedad es pública y el 70% es privada. Esta particularidad requiere de una administración rigurosa y transparente para evitar posibles problemas de uso y distribución de los recursos.
