La Inspección Ciudadana alertó sobre posibles inconsistencias en la licitación de maquinaria vial, destacando que ciertos requisitos podrían restringir la participación y afectar la transparencia del proceso.
La Veeduría Ciudadana contra la Corrupción ha lanzado una alerta contundente sobre graves irregularidades en el proceso de adquisición de 86 equipos destinados al arreglo de vías por parte de la Gobernación de Boyacá, liderada actualmente por Germán Aranguren, gobernador encargado. Este contrato, valorado en más de 85.000 millones de pesos, está envuelto en sospechas de falta de transparencia y posibles vicios de corrupción.
Uno de los aspectos más preocupantes destacados por la Veeduría es la inclusión de marcas y referencias específicas en los equipos a adquirir. Esta condición favorece de manera evidente a un distribuidor exclusivo, marginando a empresas que cuentan con una larga trayectoria en la comercialización de maquinaria en el país. La exigencia de marcas en procesos de contratación está expresamente prohibida y constituye una causal de nulidad del contrato, lo que genera serias dudas sobre las intenciones de quienes estructuraron la licitación.
Adicionalmente, los requisitos desproporcionados y ajenos al objeto contractual refuerzan la sospecha de direccionamiento. Por ejemplo, la exigencia de licencias de transporte terrestre de carga y permisos de escolta de mercancías son completamente irrelevantes para la adquisición de maquinaria pesada. Estas condiciones excluyen a la mayoría de las empresas del sector y contradicen los principios de igualdad y libre competencia.
Otro aspecto alarmante es la obligación de contar con bodegas de almacenamiento en ciudades portuarias específicas, como Cartagena, Barranquilla, o Buenaventura. Esta exigencia es innecesaria y desconectada de la realidad comercial del país, ya que estas ubicaciones no son relevantes para las operaciones de venta de maquinaria pesada. Al imponer tales restricciones, el proceso de contratación parece diseñado para favorecer a un actor específico.
Por si fuera poco, la inclusión de un sábado como hábil en el cronograma acorta los plazos de manera injustificada, lo que dificulta la preparación de propuestas por parte de los interesados. Esta práctica, ya sea por error o de manera deliberada, pone en entredicho la imparcialidad del proceso y podría interpretarse como una estrategia para limitar la participación.
Por ende, la Veeduría asegura que el proceso licitatorio presenta indicios claros de estar direccionado, lo que compromete gravemente la transparencia y la confianza en la administración pública. Germán Aranguren, en su calidad de gobernador encargado, tiene la obligación de dar respuestas contundentes a estas denuncias, corregir las irregularidades y garantizar que los recursos públicos sean administrados con absoluta transparencia. La falta de acción podría tener consecuencias graves para la imagen de su administración y para los intereses de los ciudadanos de Boyacá.
