Los habitantes de los corregimientos de Gallego y Villalosada, en La Plata, Huila, atraviesan una crisis que refleja la crudeza del conflicto armado en el departamento. Desde el pasado 22 de septiembre, grupos al margen de la ley impusieron restricciones que incluyen el cierre obligatorio de locales comerciales. Esta medida no solo afecta la economía campesina, ya golpeada por la pobreza y la desigualdad, sino que vulnera directamente los derechos fundamentales de comunidades que se sienten atrapadas entre la violencia y la indiferencia estatal.
La denuncia pública busca un eco urgente en las instituciones, en especial en la Defensoría del Pueblo, liderada por Quimberly Trujillo. Su papel, hoy más que nunca, se convierte en pieza clave para garantizar acompañamiento real a quienes viven bajo la sombra de las amenazas.
Las comunidades claman por la instalación inmediata de mesas de concertación para la paz, en las que se sienten todos los actores del conflicto junto al Estado, campesinos y organizaciones sociales. La exigencia es clara: no más reuniones cerradas ni consejos de seguridad que terminan en autocomplacencia política sin soluciones tangibles. Lo que piden los campesinos es diálogo vinculante, decisiones efectivas y garantías de seguridad que devuelvan la confianza perdida.
La situación evidencia que el problema no se resuelve con despliegues militares temporales, sino con una intervención integral que atienda la pobreza estructural, el abandono estatal y la falta de oportunidades que alimentan el ciclo de violencia. Aquí la Defensoría del Pueblo tiene la responsabilidad de ser más que una voz de advertencia: debe convertirse en un escudo de protección y un canal de presión frente a la inacción de otras entidades.
Defensoría en debate
Quimberly Trujillo, como cabeza de la Defensoría en la región, enfrenta un reto mayúsculo: pasar del acompañamiento simbólico a una defensa efectiva que articule a organismos nacionales e internacionales. La comunidad pide la intervención urgente de ONG defensoras de derechos humanos, el ACNUDH, CODHES y la Personería Municipal. La pregunta que resuena es inevitable: ¿será la Defensoría capaz de liderar un proceso que trascienda comunicados y asuma compromisos concretos?
La Plata, una zona históricamente olvidada, hoy es el espejo de una crisis más amplia: campesinos expuestos, territorios en disputa y un Estado que llega tarde, mal y nunca. La ausencia de acciones contundentes convierte el llamado en un clamor desesperado por dignidad y justicia.
Una deuda
El abandono prolongado y las promesas incumplidas son el verdadero caldo de cultivo de la violencia en el Huila. Cada restricción impuesta por los armados, cada familia desplazada y cada niño reclutado son la prueba de un fracaso institucional. En este escenario, la Defensoría del Pueblo no puede limitarse a levantar alertas tempranas: está obligada a exigir respuestas inmediatas y a acompañar de cerca a quienes hoy están pagando con miedo y silencio el costo de la guerra.
