La preocupación de varias personas que aseguran haber sido afectadas por una
presunta estafa relacionada con tierras en Acacías llegó a las autoridades. Los
denunciantes anunciaron que ya fueron radicadas acciones penales y
administrativas para que se investiguen los hechos que, según sus testimonios,
habrían dejado a varias familias con pérdidas económicas y sin claridad sobre los
terrenos por los que aseguran haber realizado pagos.
El caso señalado corresponde a Susana García, nombre mencionado
públicamente por quienes adelantan la denuncia. Sin embargo, serán las
autoridades competentes las encargadas de establecer qué ocurrió, determinar
responsabilidades y verificar la documentación aportada.
De acuerdo con la denuncia pública, el expediente entregado supera los 100 folios
y contiene diferentes elementos que, según los afectados, respaldarían sus
señalamientos. Entre ellos se encuentran conversaciones de WhatsApp,
comprobantes y recibos de pago, documentos, fotografías, videos y testimonios de
personas que aseguran tener relación con el caso.
Denuncias
Los denunciantes aseguraron que el material ya fue puesto en conocimiento de la
fiscalía general de la Nación, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad
Nacional de Protección (UNP). La intención, según explicaron, es que cada
entidad revise desde sus competencias la situación expuesta y determine las
actuaciones correspondientes.
Para las personas que aseguran haber resultado perjudicadas, la radicación
representa un paso importante después de haber recopilado durante un tiempo
documentos y testimonios relacionados con las presuntas irregularidades.
El caso también ha generado inquietud entre habitantes de Acacías y municipios
cercanos, especialmente entre quienes tienen negocios, inversiones o proyectos
relacionados con predios rurales y buscan tener certeza sobre la legalidad de los
terrenos antes de comprometer sus recursos.
Los denunciantes manifestaron además su preocupación por el supuesto
esquema de protección del que gozaría la persona señalada y anunciaron que
solicitaron a las autoridades revisar las condiciones bajo las cuales fue otorgado.
Esta petición, al igual que las demás acusaciones, deberá ser analizada por las
entidades correspondientes.
Seguimiento
El grupo que impulsa la denuncia afirmó que no dejará el proceso únicamente en
la radicación de los documentos. Según anunció, un equipo jurídico ubicado en
Bogotá realizará seguimiento periódico a las actuaciones de la Fiscalía y de la
ANT, con el propósito de conocer los avances de las investigaciones y las
decisiones que puedan surgir.
