El Hospital Universitario Clínica San Rafael, una de las instituciones privadas más reconocidas del sur de Bogotá, atraviesa una crisis sin precedentes. La salida de varios especialistas y las denuncias por presuntos abusos laborales han encendido las alarmas entre el personal médico y los pacientes.
De acuerdo con testimonios recopilados bajo reserva, varios trabajadores aseguran haber sido víctimas de hostigamientos, presiones para modificar contratos y despidos injustificados, lo que habría deteriorado el clima laboral dentro del centro asistencial.
“Hemos sido víctimas de hostigamientos por parte de los directivos del hospital. Nos obligaron a firmar nuevas condiciones y, cuando no accedimos, nos abrieron procesos disciplinarios arbitrarios”, contó uno de los médicos afectados.
Los denunciantes aseguran además que los pagos se han retrasado desde enero y que no se han realizado los aportes correspondientes a salud y pensión. Algunos describen situaciones humillantes, como requisas masivas y toma de muestras de orina bajo sospechas infundadas de robo.
“A más de 200 funcionarios nos requisaron sin justificación. Fue un trato inhumano y denigrante”, relató otro de los empleados.
La versión de la administración
El grupo empresarial Steward, encargado de la administración del Hospital San Rafael, rechazó las acusaciones de despidos masivos y explicó que las decisiones tomadas responden a la grave crisis financiera que enfrenta el sistema de salud colombiano.
Según las directivas, las deudas acumuladas por parte de las EPS superan los 173 mil millones de pesos, de los cuales el 43,5 % tiene más de 270 días de mora.
“Esta situación, pese a los esfuerzos por lograr acuerdos de pago, ha afectado gravemente la liquidez del hospital y la continuidad de algunas operaciones”, señalaron desde la administración.
Un reflejo de la crisis nacional
La situación del San Rafael se suma a la lista de clínicas y hospitales que han denunciado afectaciones económicas por los atrasos en los pagos de las EPS, lo que impacta directamente en la atención a los pacientes, el personal médico y la calidad de los servicios.
El gremio de la salud pide la intervención del Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar los derechos laborales y la estabilidad en la prestación del servicio en una de las instituciones más tradicionales de la capital.
