La concejal Rocío Dussán denunció recientemente el grave estancamiento de la inversión en infraestructura educativa por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, una situación que, según su planteamiento, afecta directamente la calidad del servicio público y el derecho a la educación de miles de estudiantes en la ciudad. Según la corporada, los proyectos destinados a la construcción, adecuación y ampliación de colegios están paralizados o avanzan a un ritmo mucho más lento del que la urgencia de la demanda exige.
Dussán advirtió que esta lentitud va más allá de demoras administrativas: habla de falta de planificación, escasa transparencia en los procesos y, en algunos casos, sobrecostos. En su intervención ante el Concejo explicó que diversas localidades de Bogotá enfrentan un déficit tangible en aulas y espacios adecuados para los estudiantes; al mismo tiempo, los que sí existen están deteriorados. “Se invierte poco, mal y tarde”, resumió la concejal, subrayando que la capital no puede permanecer en ese estado si aspira a garantizar educación con equidad.
Infraestructura educativa repercute en los estudiantes
La denuncia también destaca que la infraestructura no sólo responde a un problema físico, sino que repercute en el desempeño de los alumnos y en las condiciones de trabajo de profesores y personal administrativo. Un salón inadecuado, con deficiencias en ventilación, iluminación o mobiliario, impacta la concentración, el bienestar y en última instancia los resultados educativos. Al mismo tiempo, sin nuevas edificaciones o adecuaciones, los estudiantes deben recurrir a espacios improvisados o compartir aulas con más alumnos de lo recomendado.
Para Rocío Dussán, el estancamiento pone en tela de juicio el cumplimiento del Plan de Desarrollo distrital en materia educativa y la voluntad política real de la Alcaldía para priorizar la infraestructura escolar. En su intervención, instó a que se publiquen cronogramas actualizados, se rindan cuentas claras sobre recursos asignados y se activen mecanismos de seguimiento para que los contratos avancen según lo pactado.
La concejal concluyó su denuncia haciendo un llamado urgente al poder ejecutivo distrital para que asuma la responsabilidad que le corresponde, ajuste sus ritmos de gestión y convierta la promesa de “ciudad educadora” en hechos palpables. En su opinión, no es suficiente con discursos o anuncios: la ciudadanía exige infraestructura digna, funcional y vigente que acompañe el derecho fundamental a la educación. El tiempo para reaccionar, planteó, se está agotando.
