Una grave denuncia ciudadana se conoció en las últimas horas sobre las condiciones en las que reciben clases los estudiantes del Colegio Sur Andino, institución ubicada frente al Palacio de Justicia, en el municipio de Pitalito.
De acuerdo con la queja, niños y jóvenes estarían desarrollando sus actividades académicas en condiciones calificadas como inhumanas, debido a la falta de mobiliario escolar, lo que afecta directamente su proceso formativo y bienestar.
La denuncia señala además que esta situación se viene presentando desde hace varios meses, sin que hasta el momento se hayan adoptado soluciones efectivas por parte de la administración educativa, generando inconformidad creciente entre padres de familia, docentes y estudiantes, quienes aseguran sentirse abandonados por las autoridades competentes.
Responsabilidad cuestionada
Según la comunidad educativa, esta problemática tendría su origen en la falta de gestión, pues desde el año anterior no se habrían iniciado los trámites necesarios para solicitar los recursos destinados a dotación escolar, situación que hoy se traduce en aulas sin pupitres, sillas insuficientes y espacios poco adecuados para el aprendizaje.
Para padres de familia y ciudadanos, el panorama resulta inadmisible y vergonzoso, al considerar que se estaría vulnerando el derecho fundamental a una educación digna y de calidad, afectando no solo el rendimiento académico, sino también la dignidad y la motivación de los estudiantes que asisten diariamente a esta institución.
Ante este escenario, el llamado es directo al secretario de Educación de Pitalito, James Antonio Ramírez López, para que atienda de manera urgente esta denuncia pública y adopte correctivos inmediatos. Asimismo, se solicita la intervención de los entes de control y la verificación inmediata de las condiciones reales del plantel, con el fin de garantizar ambientes escolares adecuados, respetuosos y seguros para los estudiantes afectados.
Desde la comunidad esperan respuestas prontas, inversiones claras y acciones concretas que permitan restablecer la normalidad académica, evitando que la desatención institucional continúe afectando el futuro educativo de niños y jóvenes del municipio. La ciudadanía advierte que hará seguimiento permanente hasta que se garanticen soluciones reales y se proteja plenamente el derecho a la educación pública.
El caso genera preocupación regional y exige respuestas inmediatas de fondo. Las autoridades locales están llamadas a actuar con celeridad, responsabilidad, transparencia y compromiso social frente a esta situación denunciada, reiterada y ampliamente respaldada por la comunidad.
