La Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tunja enfrenta graves señalamientos por presuntos abusos de autoridad que afectan tanto a los internos como a sus familias. La comunidad que rodea el sistema penitenciario denuncia restricciones arbitrarias, condiciones indignas y la falta de acceso a servicios básicos dentro del penal.
Huelga de hambre como protesta
Desde el pasado 2 de diciembre, los reclusos iniciaron una huelga de hambre para exigir el respeto de sus derechos fundamentales. Aunque la mayoría de los internos cesaron esta medida en los últimos días, un grupo significativo continúa sin recibir alimentos, como muestra de su inconformidad ante la situación.
Restricciones severas
Entre las principales quejas están las limitaciones impuestas a las visitas familiares, que incluyen controles considerados humillantes y discriminatorios. Los alimentos llevados por los visitantes son revisados con perros y, en ocasiones, desechados sin justificación clara. Además, familiares han reportado que se niega el ingreso al penal por razones aparentemente arbitrarias, como el tipo de ropa que llevan.
Problemas de alimentación y atención médica
La cancelación de contratos de alimentación ha generado interrupciones en el suministro de alimentos, afectando la nutrición de los internos. Sumado a esto, los reclusos denuncian la ausencia de atención médica oportuna, lo que pone en riesgo su salud, especialmente en casos de emergencias.
Condiciones indignas dentro del penal
Los internos también enfrentan condiciones de higiene precarias. Sin baños en las celdas, la situación se vuelve insostenible para ellos. La comunidad penitenciaria insiste en que estas condiciones vulneran los principios básicos de dignidad y respeto.
Intervención de entidades de control
Ante estas denuncias, la Defensoría del Pueblo ha gestionado reuniones con otras entidades de control para analizar y buscar soluciones a las problemáticas reportadas. Aunque las directivas del penal aseguran que las medidas adoptadas buscan fortalecer la seguridad, los familiares exigen un balance entre el control y el respeto a los derechos humanos.
Este caso refleja una crisis más amplia en el sistema penitenciario colombiano, donde el hacinamiento y la falta de recursos agravan las tensiones en los centros de reclusión. La comunidad afectada espera que las autoridades actúen con prontitud para devolver la dignidad y el respeto que, aseguran, les han sido arrebatados.
El llamado es claro: garantizar condiciones humanas en las cárceles y respetar los derechos de quienes ya cumplen una condena.
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