En el departamento del Meta salió a la luz un escándalo de presunta corrupción
que involucra a la empresa Funeraria Moya Osorio Previsión Exequial del Llano
S.A.S., cuyo representante legal es Álvaro Andrés Moya Uribe. De acuerdo con
documentos oficiales, el empresario habría presentado certificados falsificados de
antecedentes disciplinarios y de seguridad social de un contador público para
obtener ventajas en procesos licitatorios en varios municipios.
Hechos
El caso inició en Restrepo, donde la funeraria presentó una propuesta con
antecedentes y firmas del contador Rusbell Giovanni Díaz Jaimes, que tendrían
irregularidades. Pese a esto, la administración municipal avaló los documentos y
adjudicó el contrato. Situación similar se repitió en Villavicencio, donde, según un
derecho de petición y posterior demanda, la funeraria entregó un certificado
disciplinario alterado: el documento figuraba con fecha del 1 de abril de 2025, pero
la Junta Central de Contadores confirmó que fue expedido el 14 de enero,
evidenciándose falsedad.
En este mismo proceso, el municipio habilitó al oferente con un acta de visita de
bomberos y una factura, a pesar de que el pliego exigía certificación oficial de
seguridad contra incendios, lo cual incumplía los requisitos técnicos habilitantes.
Aun así, el 14 de mayo de 2025 la entidad adjudicó el contrato por más de $101
millones.
Material
En contraste, el municipio de El Dorado sí rechazó la propuesta al detectar un
documento falso y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la
Agencia Colombia Compra Eficiente, señalando que la falsedad configuraba
causal de rechazo y potencial delito de falsedad material en documento público.
Las denuncias ciudadanas fueron elevadas mediante derechos de petición y
demandas ante el Tribunal Administrativo del Meta, donde se solicitó la nulidad
absoluta de los contratos adjudicados en Villavicencio y Restrepo, sustentando
que se violaron principios de transparencia y buena fe de la contratación estatal,
contemplados en la Ley 80 de 1993 y el artículo 287 del Código Penal.
A pesar de las investigaciones, el empresario continuó participando en licitaciones
en municipios vecinos como Cumaral, utilizando el nombre de otro grupo
empresarial, lo que ha encendido las alarmas sobre un patrón de fraude en la
contratación pública. Incluso, se denunció que el implicado ha usado la membresía
en Fenalco Meta para presentarse como empresario respetable, situación que hoy
es objeto de revisión gremial.
