Una nueva polémica política se desató en Neiva tras la denuncia pública formulada por el concejal Juan Sebastián Camacho contra una funcionaria de la Universidad Surcolombiana (USCO), señalamiento que, según el cabildante, trasciende el debate local y pone en el centro la obligación de cumplir la ley en todas las entidades públicas del municipio.
Camacho sostuvo que el control político no puede limitarse únicamente a la administración municipal, sino que debe extenderse a las instituciones del orden descentralizado y autónomo cuando existan indicios de presuntas irregularidades. En ese sentido, afirmó que su pronunciamiento busca defender el principio de legalidad y la correcta utilización de los recursos públicos, sin distinciones ni privilegios institucionales.
Incumplimientos
El concejal explicó que la denuncia surge a partir de información que, a su juicio, evidencia posibles incumplimientos normativos por parte de una funcionaria de la universidad pública. Aunque evitó emitir señalamientos concluyentes, sí fue enfático en señalar que los hechos deben ser esclarecidos por los organismos competentes, a fin de garantizar transparencia y confianza ciudadana en una de las instituciones educativas más importantes del sur del país.
“Más allá del control político a la Alcaldía, también es nuestra responsabilidad velar porque se cumpla la normativa en todas las entidades públicas de Neiva”, expresó Camacho, al tiempo que cuestionó lo que calificó como una cultura de silencio institucional frente a situaciones que merecen explicación pública. Según indicó, la autonomía universitaria no puede interpretarse como una figura que esté por encima de la ley.
La denuncia generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y académicos. Mientras algunos respaldaron el pronunciamiento del concejal y coincidieron en la necesidad de mayor vigilancia institucional, otros consideraron que el tema debe tratarse con prudencia para no afectar el buen nombre de la universidad ni de sus funcionarios sin decisiones de fondo por parte de las autoridades de control.
Desde la Universidad Surcolombiana, hasta el cierre de esta edición, no se había emitido un pronunciamiento oficial frente a los señalamientos. Sin embargo, fuentes cercanas a la institución indicaron que se estarían revisando los procedimientos internos para determinar si existen méritos que den lugar a explicaciones administrativas o jurídicas.
El concejal Camacho insistió en que su denuncia no responde a intereses personales ni políticos, sino a su deber como servidor público. Aseguró que entregará la información correspondiente a los entes de control y acompañará los procesos que se deriven, siempre que se garantice el debido proceso.
Este episodio reabre el debate sobre los límites de la autonomía universitaria, el alcance del control político y la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia en las entidades públicas. Para la ciudadanía, el caso se convierte en una prueba de fuego sobre la coherencia entre el discurso de transparencia y las acciones concretas de quienes ejercen funciones públicas en Neiva.
