Jeimy Soler, una de las voceras de la comunidad, ha realizado una denuncia pública tras la marcha pacífica que se llevó a cabo el pasado lunes festivo en la Gran Vía, en Cundinamarca. La protesta, convocada por habitantes y líderes de los municipios de Zipacón, La Mesa, Cachipay, Tena, Bojacá y otros afectados, tenía como propósito exigir soluciones urgentes a los problemas que han surgido en la construcción del corredor vial La Gran Vía, el cual conecta varias localidades de la región y ha presentado fallas significativas en su infraestructura.
La manifestación se realizó en reclamo por las «obras inconclusas» del acueducto regional y del corredor vial, que involucra a entidades como FINDETER y DEVISAV. De acuerdo con los manifestantes, estas obras llevan más de 20 años en proceso, tiempo durante el cual han sido prometidas mejoras en el suministro de agua potable y condiciones óptimas en las vías de comunicación. Sin embargo, la comunidad denuncia que ni el agua potable ni las carreteras adecuadas han llegado, mientras que las promesas de las entidades gubernamentales continúan incumplidas. Soler relató que, durante la marcha pacífica, en la cual participaron también adultos mayores, la policía intervino de manera violenta, agrediendo a algunos manifestantes y amenazando a los presentes. “Es evidente en los videos que nosotros no habíamos hecho ningún desorden», señaló, destacando que la manifestación se mantuvo en un tono pacífico hasta que se produjo la intervención de las autoridades.
