La reciente denuncia del diputado Omar Alexis Díaz puso bajo la lupa un proceso contractual que, según afirmó, podría configurar presuntas irregularidades en la contratación pública del sector cultural. La controversia se centra en la Corporación Emprendedores Culturales y Sociales de Colombia (Coremprendecol), una microempresa registrada en Neiva el 13 de mayo de 2025, que habría recibido un contrato superior a los mil millones de pesos apenas un mes después de su constitución.
El diputado calificó el caso como “altamente preocupante”, al señalar que la empresa no cuenta con trayectoria verificable ni antecedentes conocidos en la producción de espectáculos, pese a haber sido seleccionada para la contratación de artistas en las festividades de San Pedro, uno de los eventos culturales más importantes del departamento. Para Díaz, la rapidez con la que esta entidad accedió a contratos de gran magnitud exige explicaciones claras por parte de quienes adjudicaron el proceso.
La denuncia toma mayor relevancia al conocerse que Coremprendecol también habría sido contratada en otros territorios. Según lo expuesto por el diputado, el Instituto de Turismo de Villavicencio adjudicó a esta misma microempresa un contrato por 882 millones de pesos para gestionar la presentación de cinco artistas en el Festival Llanero: Maelo Ruiz, Peter Manjarréz, Francy, Bonny Cepeda y Rafa Pérez.
Díaz advirtió que la reiteración de contratos millonarios en distintos departamentos, pese a la reciente creación de la empresa, podría evidenciar un patrón que debe ser investigado. A su juicio, no existirían pruebas suficientes de que la entidad cuente con la capacidad técnica, financiera y logística necesaria para asumir espectáculos de gran escala.
La compañía, representada legalmente por Angie Liseth Leiva Scarpetta, habría recibido los contratos mediante procesos que, según la denuncia, no explican con claridad los criterios de selección. Ante esto, el diputado solicitó la intervención de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, insistiendo en que la contratación pública debe regirse por principios de transparencia, idoneidad y mérito.
Finalmente, Díaz aseguró que continuará ejerciendo control político y seguimiento al caso, reiterando que la vigilancia institucional es clave para proteger los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana.
