El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo frente judicial que amenaza con encender aún más la polarización política en Colombia. El excontralor Luis Carlos Reyes anunció que interpondrá una demanda contra el jefe de Estado por los delitos de injuria y calumnia, luego de que este lo señalara públicamente de ser “cómplice del genocidio en Gaza”.
La acusación, hecha por Petro en un pronunciamiento reciente, generó una fuerte controversia, pues fue interpretada como una imputación directa de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Reyes calificó las palabras del mandatario como un acto irresponsable y dañino para su honra, motivo por el cual acudirá a los estrados judiciales.
La denuncia no es un asunto menor. De avanzar en la justicia, el proceso podría convertirse en un caso de alto impacto mediático y político, pues involucra directamente a la figura presidencial y plantea un debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ejercicio del poder.
Reyes sostuvo que sus gestiones como funcionario público siempre se han realizado en el marco de la ley y que jamás ha tenido vínculos con acciones que puedan relacionarse con violaciones a los derechos humanos. “No permitiré que se mancille mi nombre con acusaciones infundadas”, declaró.
Por su parte, desde la Casa de Nariño se evitó profundizar en el tema. Voceros oficiales señalaron que el presidente se ha expresado en el marco de su posición política frente al conflicto en Gaza y que respetarán las decisiones judiciales que se deriven de esta denuncia.
Analistas coinciden en que este caso puede convertirse en una prueba para la independencia de la justicia colombiana. Si bien la figura del presidente cuenta con fueros constitucionales especiales, la acción de Reyes abre la puerta a un debate sobre la responsabilidad política y jurídica del discurso presidencial.
El episodio también reaviva la tensión entre Petro y algunos sectores de oposición, que han denunciado un uso político del lenguaje presidencial para descalificar a sus críticos. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos llaman a la prudencia y advierten que banalizar términos como “genocidio” en debates internos puede deslegitimar las luchas internacionales contra crímenes atroces.
La demanda de Reyes contra Petro, aún en etapa inicial, ya es percibida como una tormenta judicial en ciernes, con el potencial de generar repercusiones duraderas en el terreno político y en la imagen presidencial.
