Según Bolívar, panfletos firmados por disidencias de las FARC generan temor en la vereda La María.
Temor e incertidumbre reinan en la vereda La María, ubicada en la parte alta de la vía al Cañón del Combeima, luego de que aparecieran afiches firmados por el frente Jerónimo Galeano del bloque Isaías Pardo, grupo que se identifica como parte de las disidencias de las FARC-EP.
Los carteles fueron hallados en postes de luz y otros puntos visibles del sector. Su contenido encendió las alarmas por la posible presencia de actores armados ilegales que estarían intentando controlar el territorio y someter a la población rural mediante amenazas y exigencias.
El concejal Jorge Bolívar manifestó que desde el año pasado ha venido advirtiendo sobre la presencia de estructuras criminales en zonas rurales de Ibagué, donde al parecer se estaría entregando armamento a jóvenes para involucrarlos en actividades como la extorsión y el microtráfico.
Han circulado panfletos intimidatorios. Según Bolívar, a varios campesinos les han exigido portar carnés de paz y salvo como constancia de que pagaron las llamadas vacunas. Quien no lo haga, no puede transitar ni sacar sus productos.
Estas imposiciones habrían sido reportadas por líderes comunales y ediles, quienes también estarían siendo víctimas de amenazas directas por parte de las estructuras ilegales que buscan ejercer control territorial.
El cabildante afirmó que elevó estas denuncias en su momento ante el entonces secretario de Gobierno, Leandro Vera, pero no recibió respuestas efectivas. Mientras tanto, los campesinos siguen viviendo bajo el miedo y la incertidumbre.
“No se ve presencia del Ejército ni de la Policía. Las comunidades están solas frente a un problema cada vez más peligroso”, advirtió Bolívar.
La ciudadanía exige una intervención inmediata de las autoridades para restablecer la seguridad en esta zona rural, donde hoy muchos temen por sus vidas y sienten que han sido abandonados por el Estado.
Por tal razón, líderes sociales y defensores de derechos humanos han reiterado la necesidad de implementar acciones concretas que garanticen la presencia institucional en el territorio. La ausencia prolongada de las autoridades ha generado un vacío que puede ser aprovechado por actores armados ilegales, lo cual agrava aún más la vulnerabilidad de las comunidades campesinas.
Es urgente que el Gobierno Nacional y la administración local articulen esfuerzos para brindar protección a los habitantes de esta región, así como oportunidades que fortalezcan el tejido social. La seguridad rural no puede seguir siendo una promesa incumplida; es un deber del Estado responder con hechos y no solo con discursos, antes de que la violencia siga avanzando.
