La comunidad residente en la urbanización Alcalá, en el municipio de Palermo, ha manifestado su intención de interponer una demanda contra la constructora responsable del proyecto habitacional y contra la administración municipal. La razón: presuntas mentiras relacionadas con la cercanía del río que bordea el asentamiento, lo que hoy genera preocupación e incertidumbre entre los habitantes.
Según los líderes comunitarios, durante la venta de las viviendas se aseguró que el afluente natural más cercano se encontraba a más de un kilómetro y medio. Sin embargo, evidencias recientes indican que el río se encuentra a menos de 100 metros de algunas viviendas, lo que representa un riesgo latente de desbordamiento y afectaciones estructurales.
Crisis
Kleiver Oviedo, actual alcalde de Palermo, heredó esta problemática de administraciones anteriores, pero fue durante su mandato que la situación escaló con fuerza. El pasado fin de semana, tras un bloqueo ciudadano sobre el puente Santander, el mandatario atendió personalmente las demandas de la comunidad y lideró una mesa de diálogo para alcanzar acuerdos.
En dicha reunión se comprometió a gestionar estudios técnicos para determinar el nivel real de amenaza, además de revisar la legalidad del licenciamiento urbanístico otorgado en su momento. Más de 300 familias de las 700 viviendas levantadas en el sector esperan una solución definitiva que les garantice estabilidad y seguridad en su hábitat.
Posible demanda
La demanda, que sería instaurada por los propietarios en los próximos días, podría convertirse en un precedente regional frente a la responsabilidad compartida entre constructoras privadas y entidades públicas en la planificación y ejecución de proyectos de vivienda.
La comunidad exige, además, que se sancione a los responsables de haber omitido información crítica durante la comercialización del proyecto. En medio de la crisis, el alcalde Oviedo reiteró que “Palermo no será indiferente ante los reclamos legítimos de su gente” y aseguró que el municipio acompañará cualquier proceso que proteja los derechos de los ciudadanos.
