La administración municipal de Neiva enfrenta un nuevo revés judicial tras el fallo del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que dio la razón al exconcejal Deiby Martínez Cortés en su acción de tutela contra la Alcaldía. El juez concluyó que el derecho fundamental de petición fue vulnerado, al no entregarse una respuesta clara, congruente y completa en los tiempos exigidos por la Constitución y la ley.
Evade respuestas
El fallo deja en evidencia la práctica recurrente de la administración: respuestas parciales, traslado de responsabilidades a otras entidades y la invitación a consultar portales web, esquivando su deber de contestar de fondo. El juez fue enfático en señalar que tales maniobras constituyen una violación directa al artículo 23 de la Constitución y a la Ley 1755 de 2015, que garantizan al ciudadano el derecho a obtener una respuesta precisa y oportuna.
Advertencia de sanciones
La orden judicial es clara: la Alcaldía tiene 48 horas para entregar respuesta completa sobre los puntos omitidos en el derecho de petición de Martínez, que incluían información contractual, informes de interventoría, auditorías y procesos de responsabilidad fiscal. De no hacerlo, el fallo advierte la posibilidad de un incidente de desacato, que podría acarrear sanciones severas: desde multas sucesivas hasta arresto de los funcionarios responsables por un periodo de seis meses.
Para Martínez Cortés, el pronunciamiento judicial trasciende lo personal: “Este fallo no representa una victoria individual, sino un triunfo para todos los neivanos que exigimos transparencia. Tras múltiples intentos de ocultar información, un juez puso en orden a la administración. Ahora serán los documentos los que hablen por sí mismos”.
El exconcejal también anunció que en los próximos días interpondrá nuevas tutelas, con el fin de obtener la información pública que, según él, ha sido sistemáticamente negada o dilatada por la administración local.
El caso refleja una crisis de confianza en la gestión del alcalde y su gabinete. Mientras el gobierno promueve una narrativa de modernización y eficiencia, el fallo judicial expone un rostro distinto: opacidad, dilación y falta de transparencia en asuntos de interés ciudadano. En medio de un contexto donde la corrupción y la mala administración son temas sensibles, esta decisión judicial golpea con fuerza la credibilidad del gobierno municipal y alimenta la percepción de que la Alcaldía de Neiva se resiste a rendir cuentas.
En definitiva, la tutela ganada por Deiby Martínez no solo ordena respuestas concretas: pone a prueba la voluntad de la administración frente al principio democrático de transparencia y al derecho ciudadano de saber en qué y cómo se gastan los recursos públicos.