La democracia es la norma y se ha institucionalizado en América Latina. La región, sin embargo, tiene ante sí el reto de construir Estados más capaces y una administración pública que gestione y resuelva los graves problemas políticos, sociales y económicos que afectan a los ciudadanos.
| 13 de noviembre de 2023
Para entender la política contemporánea en América Latina es necesario empezar con los problemas de la democracia, aquellos relacionados con la obtención, mantenimiento y profundización de la democracia. Un segundo paso es comprender cómo estos problemas están relacionados con los resultados que proveen las democracias y lo que llamaré problemas para la democracia. En América Latina, estos dos tipos de problemas se refuerzan y sostienen mutuamente, generando un equilibrio subóptimo.
Cómo romper este equilibrio y transitar a democracias de alta calidad es, sin duda, un reto complejo, que depende de muchos factores. Sin embargo, un cambio imprescindible es la construcción de Estados más capaces. Si América Latina no reforma sus Estados, despojándolos de sus rasgos patrimoniales en particular, tendrá a lo sumo democracias de baja calidad.
La democracia es la norma en América Latina por primera vez en la historia de la región. Se celebran elecciones competitivas basadas en el sufragio universal para los principales cargos políticos de manera rutinaria. La alternancia pacífica en el poder entre gobierno y oposición se ha convertido en un rasgo común: desde la ola de democratización en la década de los ochenta y los noventa ha ocurrido, con algunas excepciones, en todos los países de la región. La democracia se ha institucionalizado en América Latina.
Problemas de la democracia
Sin embargo, muchos problemas de la democracia aquejan a la región. Los más graves se relacionan con Cuba, Venezuela y Nicaragua, las tres dictaduras del continente. Los acontecimientos recientes en El Salvador y Guatemala, o en Perú, son motivo de preocupación. El surgimiento de líderes de extrema derecha es una novedad que genera serios riesgos. En algunos países no hay democracia o la democracia está en peligro.
Pero los problemas más usuales, que afectan a aproximadamente el 90% de la población latinoamericana, se relacionan con la baja calidad de las democracias existentes. Aquí hay una lista incompleta de asuntos relevantes. La compra de votos es común. Políticos, especialmente locales, han sido amenazados y asesinados. A algunos líderes de la oposición se les ha impedido postularse para cargos públicos. Algunos políticos a los que la Constitución les prohibía la reelección se han postulado para el cargo. Varios políticos siembran falsas dudas sobre la credibilidad de los procesos electorales, y los perdedores en los comicios a veces no reconocen públicamente a los ganadores. También varios líderes electos han sido desplazados de sus cargos en circunstancias dudosas.
Sumado a estas cuestiones, periodistas y activistas sociales han sido intimidados y asesinados. El dinero proveniente de diversas fuentes, incluso del crimen organizado en algunos casos, desempeña un papel en las elecciones y la formulación de políticas públicas y las decisiones de los gobiernos. Además, existe una sensación de desconexión entre ciudadanos y partidos que alimenta afirmaciones creíbles de una crisis de representación política.
Se ha avanzado en la democratización de la democracia en algunos aspectos. Un área importante es la inclusión política de las mujeres. Varios países han generado espacios nuevos para la participación ciudadana en la toma de decisiones; un ejemplo es la consulta previa en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero los problemas que atañen directamente a la democraticidad del régimen político son graves y, a pesar de algunas mejoras puntuales, han persistido.
Problemas para la democracia
Esta descripción cubre, sin embargo, solo una parte del alcance de la política democrática. La democracia es un tipo de régimen político, es decir, un conjunto de procedimientos que regulan cómo se accede a las instituciones gubernamentales y cómo se toman las decisiones gubernamentales. De hecho, existen muchas propuestas para conceptualizar a la democracia en términos sustantivos y para extender la referencia de la democracia de modo que abarque el Estado o la sociedad. Pero, al contrario, la democracia es simplemente una forma de gobierno. La política no se trata solo de insumos y la cuestión de si los ciudadanos tienen voz o no en el gobierno.
Los ciudadanos también se preocupan por los resultados de la política y evalúan sus democracias en términos de su desempeño en la entrega de ciertos bienes –se consideren o no derechos– como la generación de un crecimiento económico sostenible, la reducción de la desigualdad, el acceso a una educación de calidad y a la atención médica, y de bienes públicos, como la seguridad y un medio ambiente limpio. Y, en este sentido, los resultados son mixtos.
Las democracias latinoamericanas han logrado algunos avances importantes. Por ejemplo, en lo que respecta a la justicia transicional y la política social, los logros son significativos. Pero no han respondido con fuerza y determinación a otros asuntos, como los altos niveles de desigualdad económica; la prevalencia de la corrupción política, administrativa y judicial; y la falta de seguridad ciudadana. Sobre estas cuestiones, tenemos amplia evidencia tanto de los hechos objetivos como de su importancia en la percepción ciudadana.
Por tanto, además de sus problemas de la democracia, los países latinoamericanos enfrentan lo que podría llamarse problemas para la democracia, que los ciudadanos esperan que sus democracias aborden y que es viable puedan resolver.
Un equilibrio subóptimo
Los diversos problemas de y para la democracia son sustanciales cuando se los considera de forma aislada. El simple hecho de tomar uno de ellos y comenzar a abordarlo –por citar un caso, reducir la desigualdad económica– es una tarea ardua. Sin embargo, el verdadero alcance del desafío de impulsar cambios progresivos solo se capta cuando se comprende que existe una relación causal recíproca entre los problemas de y para la democracia.
Esta conexión causal se puede elaborar de la siguiente manera. Las democracias de baja calidad de la región no crean un incentivo suficientemente fuerte para que los políticos apoyen las políticas públicas y las reformas necesarias para lograr lo que los ciudadanos quieren. A modo de ejemplo, los políticos no son castigados por ignorar y no abordar el problema evidente de la desigualdad económica. Además, rara vez incurren en un coste por no tomar medidas para reformar el Estado a fin de eliminar el favoritismo o la corrupción abierta en la asignación de obras públicas, aunque tales usos de los recursos reducen la provisión de bienes públicos.
A su vez, el pobre desempeño de la democracia tiene consecuencias negativas para la democracia en sí. Siguiendo con el mismo ejemplo, debido a que la desigualdad económica no se reduce, el poder económico concentrado continúa socavando el ideal de igualdad política que es fundamental para la democracia. Asimismo, dado que el Estado no garantiza la seguridad pública, los activistas de la sociedad civil y los políticos son intimidados y asesinados. Y, en términos más generales, el incumplimiento de las promesas de la campaña electoral corroe la credibilidad de los políticos y alimenta una crisis de representación.
Por tanto, las democracias de América Latina están atrapadas y no tienen un camino a seguir fácil y obvio. Los problemas de la democracia impiden la reducción de los problemas para la democracia, y los problemas no resueltos para la democracia bloquean la posibilidad de disminuir los problemas de la democracia. Dicho de otra manera, existe un equilibrio político en América Latina pero es un equilibrio subóptimo.
Un Estado capaz como condición de la democracia
Para romper con este equilibrio subóptimo y fortalecer las democracias de América Latina, una cuestión ineludible es la del Estado, entendido como la administración pública (incluida la administración civil, el sistema de justicia y los servicios de seguridad) que hace que se cumplan las leyes y se ejecuten las decisiones políticas.
El Estado es el nexo entre la política y la sociedad. Un Estado de Derecho, que trata a todos los ciudadanos por igual, y un Estado capaz de ejecutar políticas públicas y servir a los ciudadanos de forma eficaz y eficiente, ayuda a la democracia en dos sentidos. Directamente, ese Estado provee las condiciones para que las reglas de régimen democrático se cumplan. Por ejemplo, aseguraría que los ciudadanos puedan votar sin presiones en todo el territorio del país o que los recursos públicos no puedan ser utilizados en la compra de votos para el partido gobernante.
Indirectamente, ese Estado hace posible que los políticos puedan cumplir sus promesas de campaña, como generar crecimiento económico, reducir la desigualdad económica, incrementar la seguridad ciudadana y, de esta forma, reconectar a la ciudadanía con la política.
