Según Daniela Navarro, no se cumplieron las cuotas de género en la mesa directiva del Senado
Redacción Extra
El Consejo de Estado ha admitido una demanda que busca anular la elección de Alirio Barrera como segundo vicepresidente del Senado para el periodo 2024-2025. La acción judicial fue interpuesta por la activista Daniela Lucía Navarro González, miembro del partido Alianza Verde, quien sostiene que la designación de Barrera incumple con los principios de alternancia de género estipulados en la Ley 1909 de 2018, también conocida como el estatuto de oposición.
Los detalles
La demandante argumenta que, según el artículo 18 de esta ley, es necesario garantizar una alternancia de género en los cargos de dirección dentro del Congreso, lo que implica que, si un hombre ha ocupado un cargo en un periodo, debe ser reemplazado por una mujer en el siguiente. En este contexto, Navarro González explicó que, durante los últimos tres periodos legislativos, el cargo de la segunda vicepresidencia ha sido ocupado exclusivamente por hombres, todos provenientes de partidos en oposición, lo cual, según su criterio, viola el principio de equidad de género y excluye la participación de las mujeres en posiciones de poder.
Antecesores
En los periodos anteriores, Honorio Henríquez Pinedo, del partido Centro Democrático, ocupó el cargo de segundo vicepresidente en el periodo 2022-2023, mientras que Didier Lobo Chinchilla, del partido Cambio Radical, lo ocupó en el periodo 2023-2024. Con la elección de Alirio Barrera para el periodo 2024-2025, la demandante argumenta que se perpetúa una práctica excluyente, contraviniendo el mandato de alternancia de género.
La discusión
Esta situación genera un debate en torno a la aplicación de las normas de género en la política colombiana, y el fallo que emita el Consejo de Estado podría sentar un precedente significativo sobre la obligatoriedad de cumplir con estas disposiciones. La defensa de la alternancia y la participación igualitaria en los órganos legislativos es vista por muchos como un paso crucial hacia la consolidación de una democracia más inclusiva en Colombia. Este caso ha atraído la atención de diversos sectores políticos y de la sociedad civil, quienes observan con interés las posibles repercusiones de esta decisión en el futuro de las mujeres en la política colombiana.
