El escenario político y administrativo del Huila entra en una etapa de incertidumbre jurídica tras la admisión de una demanda de nulidad electoral contra la elección de Wilson Díaz Sterling como Contralor Departamental para el periodo 2026–2029. La decisión fue adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila, que dio vía libre al estudio de fondo del recurso interpuesto por el ciudadano Carlos Alberto López López.
La acción judicial cuestiona el proceso adelantado por la Asamblea Departamental del Huila, órgano encargado de elegir al jefe del control fiscal en el departamento. Según el demandante, durante el trámite de elección se habrían presentado presuntas irregularidades que afectarían la legalidad del acto administrativo mediante el cual Díaz Sterling fue designado.
Argumentos
Uno de los principales argumentos expuestos en la demanda está relacionado con una supuesta inhabilidad. López López sostiene que Wilson Díaz Sterling se habría desempeñado previamente como Notario Único del municipio de Aipe, condición que —según la interpretación del demandante— le impediría haber aspirado y sido elegido para el cargo de Contralor Departamental, de acuerdo con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente.
A este señalamiento se suma otro aspecto clave del recurso: la presunta irregularidad en los tiempos de posesión. El demandante afirma que la toma de posesión del funcionario no se habría realizado dentro de los plazos establecidos por la normatividad, lo que, a su juicio, comprometería la validez del acto de elección.
En el marco del proceso, el accionante solicitó al Tribunal la suspensión provisional de Wilson Díaz Sterling mientras se emite una sentencia definitiva. Esta medida cautelar busca evitar que el funcionario continúe ejerciendo el cargo en caso de que se confirme una eventual nulidad del proceso electoral.
Frente a esta solicitud, el magistrado Ramiro Aponte Pino, ponente del caso, ordenó correr traslado por un término de cinco días tanto al Contralor demandado como a la Asamblea Departamental del Huila, para que presenten sus argumentos y ejerzan su derecho a la defensa.
Una vez vencido este plazo, el Tribunal deberá decidir si accede o no a la suspensión provisional, decisión que marcará el rumbo inmediato del control fiscal en el departamento. Mientras tanto, el caso mantiene la atención del ámbito político y jurídico regional, a la espera de un pronunciamiento que podría tener efectos institucionales de alto impacto.
