Jhon Molina, el recientemente electo gobernador del Putumayo, enfrenta una demanda ante el Consejo de Estado que busca su destitución del cargo. La demanda fue interpuesta por el abogado Hugo Armando Granja Arce, socio de la firma Granja & Velasco Abogados, quien alega que Molina incurrió en una inhabilidad para las elecciones debido a que su hermana, Lucy Molina Acosta, ocupa el cargo de secretaria general del Ministerio de Educación en el actual gobierno y podría ser considerada una ordenadora de gasto.
El demandante argumenta que la posición de Lucy Acosta en el Ministerio de Educación le habría otorgado la capacidad de influir en decisiones relacionadas con Putumayo, lo que podría haber tenido un impacto en el ámbito electoral. Según la demanda, durante su gestión en el Ministerio, Acosta realizó actividades en el departamento y firmó contratos que fueron ejecutados en la región, lo que habría representado un conflicto de interés.
“La mera asignación de estas competencias, aun sin la exigencia de su materialización en hechos concretos, implica la capacidad de influir, dirigir y controlar procesos esenciales que pueden generar desbalances relevantes en el ámbito electoral”, argumenta la demanda.
Cabe recordar que durante la campaña de Molina, su candidatura fue previamente demandada ante el Consejo Nacional Electoral por el mismo motivo, aunque esa demanda fue desestimada. Ahora, la decisión final sobre la legalidad de su elección está en manos del magistrado Pedro Vanegas del Consejo de Estado.
Además, Molina enfrenta otros cuestionamientos en su llegada al cargo. Se le ha acusado de recibir apoyo de grupos armados. Según fuentes de La Silla Vacía, los Comandos de la Frontera habrían estado invitando a la población a votar por él, aunque otras fuentes en la región negaron cualquier tipo de involucramiento de los grupos armados en su campaña. Un informe posterior de la Fundación Paz y Reconciliación incluyó testimonios de líderes sociales que denuncian presiones de los grupos armados para votar por Molina.
El gobernador electo rechazó estas acusaciones y en entrevista con La Silla Vacía expresó: “Los adversarios tienen miedo que llegue a la gobernación, por lo tanto, utilizan un sinnúmero de estrategias para atacar mi imagen”.
Además de las denuncias de apoyo armado, Molina está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricato por omisión, fraude procesal y peculado culposo, relacionados con su tiempo como gerente de la empresa de energía de Putumayo, según W Radio.
La situación en Putumayo se complica aún más, ya que Molina reemplazará al exgobernador Carlos Marroquín, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado debido a una doble militancia. Ahora, el gobernador electo se enfrenta a múltiples desafíos legales y políticos que podrían marcar el inicio de su mandato en medio de controversias.