Johana Aranda cuestiona fracaso en el puente de calle 60.
La Alcaldía de Ibagué sigue en el ojo del huracán por el manejo de recursos públicos. Recientemente, la alcaldesa Johana Aranda delegó en un equipo de funcionarios cuestionados la contratación de más de 50 mil millones de pesos para proyectos clave en la ciudad, incluyendo la recuperación de la malla vial y la instalación de nuevos paraderos del Sistema Estratégico de Transporte de Ibagué (SETP). El equipo encargado de la ejecución de estos contratos está compuesto por los mismos personajes que lideraron el fallido proyecto del puente de la calle 60, uno de los mayores fiascos de la administración actual.
Aranda eligió a Sharon Guzmán, exsecretaria de Infraestructura; Diego Herrán, exdirector Operativo de esa misma dependencia; y a la abogada Angie Juliett Rojas Millán, todos ellos envueltos en controversias debido a su gestión en proyectos previos. Según denuncias de fuentes cercanas a la Alcaldía y el Ibal (Instituto de Bienestar y Desarrollo Social), estos contratistas estarían vinculados a posibles prácticas ilegales y favorecimientos a empresas cercanas al sector del hurtadismo.
Contratación
El escándalo adquiere mayor relevancia al haberse producido en diciembre, un mes en el que la ciudad estaba en pleno festejo por los conciertos patrocinados por la Alcaldía y los bares y discotecas operaban con horarios extendidos. En este contexto, y aparentemente aprovechando la distracción de los ciudadanos, se adjudicaron cuatro contratos por un total de $51.533.742.766 para proyectos de infraestructura clave. La opacidad de los procesos licitatorios y las personas involucradas han encendido las alarmas sobre la legalidad y transparencia de las decisiones tomadas.
Fracaso
Uno de los aspectos más cuestionados es la reaparición de los mismos responsables del fallido proyecto del puente de la calle 60, que dejó a Ibagué con una obra inconclusa y millones de pesos en pérdidas. El fracaso de este proyecto se ha convertido en un símbolo de la ineficacia en la administración de Aranda, y muchos se preguntan por qué, a pesar de estos antecedentes, se ha optado por confiar nuevamente en los mismos funcionarios para manejar contratos tan millonarios.
Escándalo
La abogada Angie Juliett Rojas Millán ha sido otra de las figuras polémicas que ha rodeado este proceso. Exsecretaria General del Ibal, Rojas Millán fue señalada por intentar sobornar a un periodista del portal El Olfato para que desacreditara al director de dicho medio, Luis Eduardo González, mediante una campaña de desprestigio en redes sociales y portales afines a la Alcaldía. Tras el escándalo, Rojas Millán fue premiada con un contrato en el SETP, donde se encargó de estructurar y viabilizar jurídicamente los contratos cuestionados. La sospecha es que estos contratos podrían haber sido manipulados para favorecer a empresas vinculadas con el sector del hurtadismo, lo que añade una capa más de sospecha sobre la integri
