Dejan en libertad a Guillermo Murcia, candidato al Congreso secuestrado por grupo armado en Arauca

El candidato además de buscar llegar al Congreso, es presidente de la Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonal Luchando por la Dignidad y la Paz (Asodigpaz).
Cortesía.
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Guillermo Murcia, un hombre que sobrevivió a una mina antipersonal y que aspira a uno de los 16 escaños de paz en el Congreso, fue liberado el lunes tras haber sido retenido junto a sus acompañantes por hombres armados en una zona rural del departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela.

«Primero que todo, agradezco a Dios y a todas las personas que extendieron sus oraciones por el pronto regreso de este gran fortuleño a su hogar», dijo en sus redes sociales Javier Cabrera, alcalde del municipio de Fortul, donde había sido retenido el candidato al Congreso.

El mandatario regional también publicó una foto suya con Murcia, quien, además de buscar llegar al Congreso, es presidente de la Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersonal Luchando por la Dignidad y la Paz (Asodigpaz).

La Campaña Colombiana contra las Minas, por su parte, destacó que «el resultado y desenlace de este lamentable hecho no deja dolor, pero sí la certeza de la continua necesidad de buscar espacios de diálogo y resolución no armada de los conflictos, la defensa de la vida y la dignidad humana».

Precisamente esta organización había denunciado la retención de Murcia, ocurrida en la aldea de Palmarito, en el municipio de Fortul, cuando él y su equipo fueron abordados por hombres armados el lunes.

En las elecciones del 13 de marzo, las zonas más afectadas por el conflicto podrán elegir por primera vez a sus representantes, que son a su vez víctimas del conflicto, en las llamadas curules de paz.

Sin embargo, estos comicios también están viciados de riesgos, porque siguen siendo zonas afectadas por el conflicto, como Arauca, y en muchas ocasiones todavía hay estructuras armadas ilegales, economía sumergida y «cooptación democrática de clanes políticos», según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicado el pasado 13 de febrero. 


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