Entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de este año, cerca de 490.000 personas se han visto afectadas por las fuertes lluvias que se han presentado en varias zonas del país. Por esto, la Defensoría del Pueblo, por medio del defensor, Carlos Camargo, le hizo un llamado a las autoridades para que incorporen el enfoque de derechos humanos en la implementación del decreto de declaratoria de desastre.
Otras de las más recientes cifras entregadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dan cuenta que, en lo que va de 2022, 204 personas han muerto en eventos asociados a las precipitaciones, 281 más han resultado heridas y 37 se encuentran desaparecidas.
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La ola invernal, que por tercer año consecutivo ha estado influenciada por el fenómeno de La Niña, llevó al gobierno nacional a decretar la declaratoria de desastre en todo el territorio nacional a comienzos de este mes.
Para Camargo, hay tres líneas de acción fundamentales en esta tarea: respuesta humanitaria, recuperación temprana y adaptación para el buen vivir. “Ante el incremento de las lluvias se debe avanzar en el conocimiento del riesgo su prevención y la atención de la emergencia para asegurar la restitución de las condiciones de vida de las comunidades, principalmente las más vulnerables”.
La declaratoria, que estará vigente por un año, le permite al gobierno transferir dinero que no se está ejecutando para atender las diferentes emergencias que las fuertes lluvias han generado. A mediados de esta semana, Gloria Ramírez, ministra de Transporte y delegataria con funciones presidenciales, anunció que los más de 700 municipios afectados por las precipitaciones serían atendidos con $ 2,1 billones.
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Este dinero será destinado en entrega de comidas, atención médica y adecuación de albergues para reubicar a las familias. A partir del próximo año, aseguró Ramírez, la tarea será la reconstrucción de vías. Según la UNGRD, en lo que va de este año, 2.213 vías y 247 puentes vehiculares han presentado algún tipo de afectación.
