En el marco del Día Internacional contra el Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo, regional Putumayo, ha lanzado una alerta sobre la grave situación que enfrenta el departamento en cuanto a este delito. Según Silvana Duque, defensora regional del Pueblo, el Putumayo ocupa el segundo lugar en Colombia por la alta incidencia de casos de reclutamiento ilícito de menores, solo superado por el Cauca.
Durante el año pasado, se registraron cerca de 20 casos en el departamento, pero la Defensoría advierte que estas cifras no reflejan la totalidad del problema, ya que persisten altas tasas de subregistro debido a las dificultades para documentar los hechos. Las comunidades indígenas y campesinas, en particular, son las más afectadas, especialmente en los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.
Este delito, uno de los más graves contra los derechos humanos, explota la vulnerabilidad de los niños y adolescentes en las zonas rurales, arrebatándoles su infancia y exponiéndolos a situaciones de violencia, explotación y riesgo. «Los menores reclutados son alejados de sus familias y privados de su derecho a la educación, salud y desarrollo integral», explicó Duque.
Para hacer frente a este flagelo, la Defensoría ha trabajado en conjunto con la Gobernación del Putumayo y otras entidades, implementando un plan de acción a través de la Mesa Departamental de Prevención de Reclutamiento. Este plan busca sensibilizar a comunidades, instituciones educativas y residencias escolares sobre los riesgos del reclutamiento ilícito, además de fortalecer las acciones a nivel municipal.
Silvana Duque también hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales para que tomen medidas efectivas que garanticen la protección de la niñez en Putumayo. «Es esencial implementar políticas públicas de prevención y asignar los recursos necesarios para proteger a los niños y niñas del departamento», afirmó.
La Defensoría del Pueblo continuará trabajando para garantizar que esta problemática se aborde con la urgencia que requiere y que las comunidades más vulnerables reciban el apoyo necesario para prevenir el reclutamiento ilícito de menores.
