La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió la alerta temprana AT 001-25, en la que destacó los graves riesgos que enfrenta la población civil en el Meta y otras regiones del país debido a los enfrentamientos entre facciones disidentes del antiguo Estado Mayor Central de las Farc. La alerta abarca 45 municipios y tres áreas no municipalizadas en los departamentos de Meta, Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Guaviare y Cauca.
Peligro
El informe reveló que los municipios como Mesetas, en el Meta, han sido escenario de intensas confrontaciones armadas que ponen en peligro la vida de sus habitantes. De igual forma, otras localidades como San José y El Retorno, en Guaviare, también enfrentan un alto riesgo de escalada en la violencia. Esta situación afecta principalmente a comunidades campesinas, indígenas y sectores vulnerables, que han sufrido desplazamientos forzados, confinamientos y amenazas constantes.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que la fragmentación del antiguo Estado Mayor Central de las Farc ha intensificado los enfrentamientos entre los grupos armados liderados por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Según Marín, estas divisiones han generado una creciente disputa por el control de los territorios, lo que incrementa las amenazas contra la población civil.
“En cumplimiento de nuestro mandato de prevenir y proteger los derechos humanos, alertamos sobre los graves riesgos que enfrenta la población civil en Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, tras la fragmentación del Estado Mayor Central”, señaló la defensora.
Crisis
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo presentó 27 recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional y a otras entidades competentes para mitigar la crisis humanitaria. Entre las principales medidas se incluyeron el fortalecimiento de acciones de prevención y protección para las comunidades vulnerables, la formulación de estrategias de seguridad con enfoque en derechos humanos y la atención urgente a las personas desplazadas y confinadas. Asimismo, la entidad hizo un llamado a los grupos armados ilegales para cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario.
El organismo también advirtió que las tensiones podrían intensificarse en los próximos meses, especialmente en corredores estratégicos utilizados para actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Esto, según el informe, incrementaría el impacto humanitario en las comunidades de estas regiones, que ya enfrentan limitaciones en el acceso a servicios básicos, educación y salud.
La situación, además de representar un desafío en términos de seguridad, refleja una crisis estructural en las regiones afectadas por el conflicto armado. Líderes locales y defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de una mayor presencia institucional en estos territorios para garantizar no solo la seguridad, sino también el desarrollo integral de las comunidades.
