La designación de exparas como gestores de paz quedó en entredicho tras la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Consejo de Estado el 19 de noviembre.
La demanda que cuestiona la figura creada por el Gobierno
La defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó anular la decisión del presidente Gustavo Petro, quien designó a 16 exjefes de las AUC como gestores de paz mediante resolución emitida en septiembre. La demanda asegura que esta figura genera impactos profundos sobre el tejido social y no solo en los designados.
El documento afirma que los excomandantes tienen antecedentes por crímenes de lesa humanidad y registros de incumplimientos judiciales. La acción sostiene que su nombramiento envía un mensaje ambiguo y puede resultar revictimizante para quienes sufrieron violencia paramilitar.
Nombres incluidos en la resolución del Gobierno
La resolución incluyó a figuras reconocidas de las antiguas AUC, entre ellas Arnubio Triana, Ramiro Vanoy, Héctor José Buitrago y Juan Francisco Prada. También aparecen Luis Eduardo Cifuentes, Hernán Giraldo, Manuel Pirabán, Diego Fernando Murillo, Salvatore Mancuso, Rodrigo Pérez Alzate y Carlos Mario Jiménez.
El listado incluye además a José Baldomero Linares, Rodrigo Tovar Pupo, Edwar Cobos Téllez, Héctor Germán Buitrago y Fredy Rendón Herrera. Todos cuentan con responsabilidades históricas dentro del paramilitarismo.
El Gobierno defiende la medida como un intento por retomar la mesa con antiguos jefes paramilitares. Su objetivo, según el presidente, es cerrar el proceso de Ralito y avanzar en la búsqueda de verdad para las víctimas.
Señalamientos de la Defensoría sobre riesgos y mensajes contradictorios
La demanda advierte que la decisión debilita la credibilidad del Estado como garante de justicia. Según el documento, la medida legitima a responsables de graves crímenes mientras afecta la confianza ciudadana en la ley.
La Defensoría advierte un riesgo de revictimización simbólica. Señala que las víctimas podrían interpretar la medida como un retroceso en el reconocimiento de su sufrimiento.
La designación de exparas como gestores de paz es presentada como una decisión que puede generar impactos políticos y sociales difíciles de revertir.
Reuniones reservadas en Valledupar
Paralelo a la discusión jurídica, 11 de los exparamilitares designados participaron en reuniones privadas con el Gobierno en Valledupar. Estos encuentros se desarrollaron durante tres días y contaron con la presencia de Armando Benedetti y Angie Rodríguez, altos funcionarios del Ejecutivo.
El proceso también tuvo acompañamiento de un delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La mesa concluyó con acuerdos para continuar los diálogos y planear recorridos de reconciliación anunciados por el Gobierno.
Estos anuncios generaron alertas sobre una posible mezcla entre diálogo, reparación y actividad electoral. El debate continúa mientras el Consejo de Estado estudia la demanda y define el futuro de la controvertida figura.
